Aunque hay un protocolo para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios, la Fiscalía General del Estado (FGE) no lo sigue, lo que genera que las cifras no cuadren, por lo que el Odesyr pidió a dicho organismo apegarse al mismo, además de que necesita mayores recursos y personal.
Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, Brahim Zamora Salazar, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), quien dio a conocer que el conteo de presuntos feminicidios en Puebla que realiza la organización sólo llegará a diciembre de 2022, luego de 10 años de realizarlo.
Refirió que cada vez surgen más metodologías para para observar el fenómeno tanto a nivel local como nacional, por lo que “todo es mejorable”, sin embargo, la FGE encabezada por Gilberto Higuera Bernal, no coincide con nadie en datos.
Manifestó que no es que el organismo autónomo sea “el malo del cuento”, pues igual tiene acciones positivas, pero con fallas y áreas de oportunidad que se pueden mejorar, además de que tendría que estar sujeta a una evaluación del trabajo, lo cual tendría que hacer el Congreso local.
Reiteró que no se están investigando todos los casos como tal, ya que, aunque el protocolo dice que todas las muertes de mujeres deben ser atendidas como feminicidio y después confirmarlo o descartarlo, no se está haciendo.
Consideró que esto sería porque se quiere hacer creer que los datos no coinciden ya que hay una intención deliberada para aumentar la percepción de que el delito está disminuyendo, cuando la realidad es que el problema persiste en Puebla.
“Hay claros oscuros en el tema de los feminicidios, la fiscalía no coincide con los datos, ahí es un problema grave sobre el abordaje de los delitos, ahí el actor que tiene que vigilar de que dé una explicación convincente de ello es el Congreso local”, asentó.
Papel del Poder Judicial, fundamental
Manifestó que las reformas legislativas que se han hecho sirven siempre cuando vayan acompañadas de estrategias integrales, así como que las instituciones tengan las capacidades para hacerlo, por lo que reiteró que la FGE necesita mayores recursos, personal y mecanismos de evaluación serios.
A esto se suma el actuar del Poder Judicial, porque hay mucha recalificación de delitos que se presentan como feminicidios y después se reclasifican como homicidio doloso, aunque no siempre se tenga un argumento concreto, además de la dilación, pues casi no hay sentencias.
Zamora Salazar comentó que como parte de la labor que ha hecho el Odesyr llevará a cabo un análisis del recuento y cómo ha evolucionado el tema luego de que se tipificó este delito, así resaltó que la organización concluirá con el conteo que ha venido haciendo desde enero del 2013.
Dijo que se tomó la decisión de terminarlo porque ya “cumplió con su labor” de socializar el tema, porque muchos medios e instituciones están haciendo sus propios números.
“Era hacer visible un problema social que tenía que salir en la nota roja y que había que darle foco a las causas y efectos que estaba teniendo, creemos que eso se consiguió, o colaboramos para conseguirlo y ahora lo que nos queda es cerrarlo, lo que ahora haremos es una recapitulación y un análisis más profundo del fenómeno a lo largo de este tiempo”, expresó.
R: DJ
