La CNDH promovió tres acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de diversas disposiciones de 102 leyes de ingresos municipales de Puebla, para el ejercicio fiscal 2022, pues prevalecen cobros excesivos por acceso a información pública.
Se trata de la acción de inconstitucionalidad 18/2022 contra 40 municipios, la 14/2022 contra otros 40 municipios y la 13/2022 contra otros 22 municipios.
Por cobros excesivos y desproporcionados por servicios de acceso a información pública como copias certificadas, se señaló a los municipios de Chigmecatitlán, Chignautla, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Domingo de Arenas, Eloxochitlán, Epatlán, Esperanza, Francisco Z. Mena, Felipe Ángeles, Guadalupe, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Honey, Huaquechula, Huatlatlauca, Huehuetla y Huehuetlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Jalpan, Jolalpan, Jonotla, Juan N. Méndez, Lafragua, Tlatlauquitepec, Reyes de Juárez, Jopala, Juan C. Bonilla, Juan Galindo y Huitzilan de Serdán.
Además de Acajete, Acateno, Acatzingo, Acteopan, Ahuacatlán, Ahuatlán, Ahuazotepec, Ahuehuetitla, Ajalpan, Albino Zertuche, Aljojuca, Altepexi, Amixtlán, Amozoc, Aquixtla, Atempan, Atexcal, Atlequizayan, Atoyatempan, Atzala, Atzitzihuacan, Atzitzintla, Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Coronango, Coxcatlán, Caltepec, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautempan, Camocuautla, Cuautinchán, Cañada Morelos, Caxhuacan, Coatepec, Coatzingo, Cohetzala y Cohuecan, para el ejercicio fiscal 2022, que contemplan cobros injustificados por la reproducción de información en copia certificada.
También esto ocurre en Acatlán, Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, Teziutlán, San Pedro Cholula, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacatlán y Zacapoaxtla.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los derechos fundamentales que se están violando en las leyes de ingresos de 2022 de dichos municipios son: derecho de acceso a la información pública, a la seguridad jurídica, al principio de gratuidad en el acceso a la información, principio de legalidad y de proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
Detalló que los artículos impugnados que se señalan en la presente demanda, para el ejercicio fiscal 2022, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples y certificadas.
Explicó que prevén tarifas que no atienden al costo que le presentó al Estado la prestación de tales servicios, por lo tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Las normas cuya inconstitucionalidad se demanda se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el miércoles 29 de diciembre de 2021.
Cabe mencionar que también este 2022, este organismo autónomo presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra el Derecho de Alumbrado Público (DAP) que aprobó el Congreso de Puebla en 144 municipios.
