La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra el Derecho de Alumbrado Público (DAP) que aprobó el Congreso de Puebla en 144 municipios.
El pasado 4 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó de la entrada de las acciones de inconstitucional que promovió el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra con folios 13/2022 y 14/2033.
En dicho documento acumuló el que promovió el pasado 26 de enero su homóloga de Puebla, la CDH, la 9/2022, por lo que los recursos quedaron asentados como la acción de inconstitucionalidad 18/2022.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, las Leyes de Ingresos para el 2022 publicadas en el Periódico Oficial del Estado en diciembre de 2021, así como la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla que aprueban el cobro del DAP, transgreden los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad.
Las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnadas no tienen la naturaleza de “derechos”, pues “en realidad” se trata de un impuesto por el consumo de energía eléctrica, cuya imposición sólo corresponde al Congreso de la Unión, según la Constitución Federal en el artículo 73, fracción XXIX, numeral quinto, inciso a).
En contra parte, cabe mencionar que el ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, ingresó una controversia constitucional para poder cobrar el DAP.
R: DJ
