Desde 2020, se han emitido al menos 75 denuncias contra exfuncionarios municipales y estatales por operaciones simuladas con facturas falsas, como Leoncio Paisano Arias y José Juan Espinosa Torres, mientras que se iniciaron investigaciones contra varios más, como el exgobernador Antonio Gali Fayad y el diputado Ignacio Mier Velazco.
Fue en octubre de 2020 cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que había 21 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra expresidentes municipales por operaciones simuladas con facturas falsas, entre ellos, Leoncio Paisano Arias, quien fue detenido el 13 de abril de 2021, pero liberado un año después tras ganar un amparo que le permitió seguir su proceso en libertad.
En 2020, el entonces diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, también fue señalado por la ASE de operaciones con facturas falsas por 15.3 millones de pesos cuando era alcalde de San Pedro Cholula, entre 2015 y 2017.
En ese momento, el organismo autónomo argumentó que “no existe evidencia del registro de bienes y servicios facturados que sus ‘proveedores’ hubiesen entregado al ayuntamiento”. Y es que los domicilios de esas “empresas” contratadas no corresponden con los que están inscritos ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) o no corresponden al giro comercial para el cual prestaban sus servicios, ya que sus ubicaciones son predios, casas habitaciones o locales abandonados.
Un año después, en octubre de 2021, la ASE dio a conocer que había presentado 75 denuncias contra exfuncionarios, tanto a nivel municipal como estatal, en su mayoría, por el delito de operaciones simuladas, mismas que seguían su curso en la Fiscalía Anticorrupción, sin dar más detalles.
Abierta, investigación contra Mier por factureras
Por su parte, en julio de este 2022, Barbosa Huerta confirmó que estaba abierta una investigación contra el diputado federal morenista Ignacio Mier Velazco, por estar ligado a una red de lavado de dinero y empresas factureras, mismas que estaban bajo la representación de Daniel Tavera, recientemente vinculado a proceso por este delito, que sería del ámbito federal, por lo que es de competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y el SAT.
Para agosto de este año, el mandatario confirmó que hay denuncias penales contra el exgobernador Antonio Gali Fayad por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos durante su paso por el ayuntamiento de Puebla, toda vez que detectó compras con empresas factureras.
Debido a estos casos, el gobierno de Barbosa Huerta dio a conocer la creación de un equipo intersecretarial que está revisando el asunto, al tiempo de explicar que hay tres modos de operar de las empresas factureras, siendo uno de ellos el usarlas para justificar gastos inexistentes en los gobiernos.
En tanto, las otras modalidades tienen que ver con organismos privados que recurren a ellas para hacer sus declaraciones fiscales ante el SAT y con particulares que tienen operaciones con el gobierno y éste les pide facturas infladas.
