Tras su detención, en marzo de 2020, Eukid Castañón Herrera, principal operador político de Rafael Moreno Valle, suma cuatro vinculaciones a proceso: por extorsión, falsedad de declaraciones, uso de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito; por los dos primeros ya fue sentenciado, acumulando una pena de 12 años de cárcel, mientras que por los otros, las penas son de hasta 15 y 14 años de prisión, respectivamente.
Impulsado por el morenovallismo, consiguió una diputación federal en 2015, donde fungió como vicecoordinador político del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro; para 2016, tras un reportaje del medio nacional Reforma, fue acusado por el PRI de espionaje telefónico en contra de perfiles de dicho partido, del PRD, de integrantes de la organización 28 de Octubre, e incluso de militantes del PAN lo cual fue negado por el grupo que respaldaba a Moreno Valle.
En 2018, concluyó su periodo como legislador y, tras la muerte de los exgobernadores Moreno Valle y Erika Alonso Hidalgo, anunció que se retiraría de la vida política para concentrarse en proyectos personales y desde entonces se mantuvo con un bajo perfil.
En octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que presentó denuncias contra administraciones pasadas de Puebla, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; días después, Castañón Herrera aceptó que le congelaron sus cuentas bancarias.
Sin embargo, fue hasta marzo de 2020 cuando se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo a quien fue el principal brazo de Moreno Valle, por los señalamientos de extorsión, delito que le valió ser vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.
Para mayo de ese año, cuatro predios vinculados con el morenovallista fueron cateados por la FGE y se determinó que uno de los lugares fungía como centro de operaciones de empresas fantasma, mientras que, para junio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Castañón Herrera había sido vinculado nuevamente a proceso por el uso de recursos de procedencia ilícita, delito por el cual recibiría entre cinco y 15 años de prisión.
Para septiembre de 2020, nuevamente fue vinculado a proceso, ahora por irregularidades en su declaración patrimonial cuando se desempeñó en dos cargos; asimismo, en diciembre recibió otra vinculación por enriquecimiento ilícito, delito que se castiga con penas de tres meses, hasta 14 años de cárcel, dependiendo el monto ilegal, ya que no pudo acreditar la legitimidad de varios millones de pesos cuando era servidor público.
Primera sentencia, por extorsión
Fue hasta el pasado 27 de octubre de este año cuando finalmente recibió su primera sentencia, de siete años, por el delito de extorsión en contra de particulares a quienes realizó llamadas telefónicas para amenazarlos con causarles daño físico y moral si no hacían la entrega de un inmueble a favor de su pareja sentimental.
Por su parte, este 8 de diciembre recibió su segunda sentencia, por cinco años, por falsedad de declaraciones, ya que omitió informar en su declaración patrimonial cuando era servidor público sobre la compra de un inmueble por 6 millones de pesos, así como la existencia de una cuenta bancaria con movimientos de más de 4 millones de pesos, diversas transferencias a su cuenta personal por un millón 450 mil pesos y una propiedad de su cónyuge en el municipio de Tecamachalco.
Es necesario señalar que, desde enero de este año, Castañón Herrera está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Gómez Palacio en Durango, luego de que fue señalado de tener privilegios en su reclusión en el penal de Tepexi, tales como poder salir a visitar a su familia.
