La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se elimina la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para notificar a las personas el bloqueo de sus cuentas; en cambio, dará garantía de audiencia.
En sesión realizada este martes, quedó aprobado con 266 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones el dictamen para la reforma a la denominación del Título Quinto y adicionar un capítulo V al Título Quinto de dicho ordenamiento. Se envió al Ejecutivo Federal para que la promulgue.
Con los cambios a la fracción I del artículo 116 Bis 2, las personas cuyas cuentas bancarias hayan sido bloqueadas podrán solicitar audiencia, para ofrecer pruebas o alegatos, dentro de los 10 días hábiles contados a partir del siguiente en el que el banco le haya notificado su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
La solicitud deberá formularse por el interesado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación por parte de la institución bancaria.
En este sentido, la reforma eliminó de la fracción I del artículo 116 Bis 2, el cual establecía que la inclusión de una persona a la lista de personas bloqueadas fuera notificada por escrito tanto por la UIF como por la institución de crédito correspondiente.
UIF no tiene recursos para notificaciones, señalan
El dictamen argumenta que la obligación de la UIF de notificar por escrito y personalmente representa una imposibilidad material y un problema práctico para el ejercicio de sus funciones de Estado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Asegura que la imposibilidad material para notificar de manera personal deriva de que la UIF no tiene los recursos humanos y materiales necesarios, pues se trata de un área de inteligencia que no desarrolla funciones de campo.
En comunicado aparte, la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), agradeció a la Cámara de Diputados por la aprobación del dictamen.
Lo anterior, porque –afirmó– garantiza los derechos de quienes son incluidos en la lista de personas bloqueadas dentro del sistema financiero, y da más certeza dentro del sistema mexicano de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Es pertinente aclarar que, contrario a lo interpretado por algunos medios, la reforma aprobada no contiene ninguna nueva atribución de la UIF, la cual mantendrá las funciones conferidas en esta materia a la SHCP”, aseveró.
LPR
