La Suprema Corte dejó en firme la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para priorizar el despacho a las plantas de la CFE y revocar contratos ilegales o no rentables con privados.
Tras seis horas de discusión en la sesión de este jueves, siete ministros votaron por invalidar los nueve artículos impugnados por senadores de oposición, así como dos transitorios, pero esto no fue suficiente para alcanzar la mayoría requerida a fin de declarar la inconstitucionalidad de las normas.
En cambio, cuatro ministros, incluido el presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, votaron a favor del proyecto de la Loretta Ortiz Ahfl, quien planeó validar los artículos impugnados, pues sostuvo que no impiden la libre competencia en el mercado eléctrico ni limita el acceso de empresas privadas a este.
Uno por uno, los artículos de la ley reformada fueron quedando en firme, pues en ningún caso una mayoría calificada de ocho ministros se pronunció por su inconstitucionalidad.
Entre las normas validadas, destaca la orden al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para priorizar el despacho a las Centrales Eléctricas Legadas y Centrales Externas Legadas con compromiso de Entrega Física, que pertenecen a la CFE.
La legislación establece la prioridad de suministro de electricidad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el siguiente orden:
- Energía producida por las Hidroeléctricas
- Energía generada en otras plantas de la CFE.
- Energía eólica o solar de particulares
- Ciclos Combinados de empresas privadas
Los otros dos artículos polémicos para el sector privado son el cuarto y quinto transitorios, que instruyen, respectivamente, la revocación de contratos de autoabastecimiento otorgados de manera fraudulenta, así como la renegociación de aquellos que se consideren no rentables o ilegales.
La validación de la reforma en el máximo tribunal en México generó entusiasmo entre legisladores y líderes de Morena en un momento en que este partido negocia con la oposición a fin de conseguir los votos que se necesitan para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma eléctrica constitucional, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de Carta Magna.
En octubre de 2021, López Obrador señaló que había presentado una reforma constitucional como respuesta a lo oleada de amparos e impugnaciones, por parte de representantes del sector privado, que impedían la aplicación Ley de la Industria Eléctrica, reformada en marzo de ese año.
