Pobladores de la comunidad masewal de Zacatipan, en el municipio de Cuetzalan, exigieron cancelar de manera definitiva las concesiones de tres proyectos mineros en la Sierra Nororiental de Puebla, pues en asamblea de junio determinaron no aceptarlas.
Esto, luego de que el 3 de marzo pasado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito definió como insubsistentes tres concesiones para mineras en Yaonáhuac (Atexcaco I), Tlatlauquitepec (Atexcaco II) y Cuetzalan (Macuilquila) a cargo del Grupo Ferrominero.
En dicha resolución judicial, se determinó que se había violado el derecho al consentimiento libre e informado de las comunidades toda vez que “el otorgamiento de títulos de concesión dentro del territorio de pueblos indígenas sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales”.
En rueda de prensa, Leticia Vázquez Esteban, representante del Consejo Masewal Altepetajpianij, detalló que ejerciendo su derecho a la autonomía y a la libre determinación y haciendo uso de sistemas normativos propios, se realizó la 33 asamblea en la que se decidió no dar su consentimiento para la realización de actividades mineras dentro de su territorio porque “la tierra es sagrada”.
Indicó que también se oponen a la consulta, ya que esta permitiría al Grupo Ferrominero dividir a los habitantes, al ofrecerles diversos apoyos a favor de instalar la mina.
En asamblea, rechazaron minas
Agregó que por ello este 18 de agosto se presentó al Juzgado Quinto de Distrito de Puebla el acta de la asamblea para exigir cancelar las concesiones y no insistir en realizar un proceso de consulta toda vez que se ha negado su consentimiento, así como dar ejecución a la sentencia del Tribunal Colegiado
Aunado a esto, la Fundación por el Debido Proceso (DPLF) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregaron un “amicus curiae” pidiendo considerar los estándares internacionales de protección con respecto al consentimiento libre, previo e informado para este tipo de proyectos.
Juzgado insiste en hacer consultas
Por su parte, Francisco Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que si no se ha cumplido con la sentencia es porque el Juzgado Quinto “entendió” que, como solo quedaron insubsistentes las concesiones, tenía que hacerse una consulta.
Sin embargo, indicó que este proceso “es un estándar menor” que no fue ordenado por el Tribunal Colegiado, instancia de mayor rango, motivo por lo que se adelantaron con la asamblea en el que ya se pronunciaron no solo en contra de estos, sino igual de otros proyectos extractivistas futuros.
Por ello, pidieron al Poder Judicial que considere los estándares y tratados internacionales, pues ya se tiene el consentimiento por parte de los pobladores sobre este tema, pues la autonomía de sus comunidades fue vulnerada al no ser consultados previamente.
“Dejar insubsistentes las concesiones mineras en territorio de la comunidad masewal constituye un precedente súmamente relevante en el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como al acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas y comunidades equiparables”, remarcó Martínez Esponda.
Reiteran que Ley Minera debe reformarse
Agregó que se presentó una queja en el Tribunal Colegiado para dar a conocer que no se ha cumplido con la ejecución de sentencia, pues la única postura que mantienen como pueblos de la Sierra Nororiental es la cancelación definitiva.
Aprovechó para señalar que, a nivel federal, se requiere de una nueva legislación a favor del medio ambiente y de las comunidades originarias en este tipo de proyectos, ya que la Ley Minera actual permite que se violenten sus derechos.
