Puebla es una de las 10 entidades que, en su ley de transparencia, carece de mecanismos y plazos para atender la renuncia de integrantes de su instituto en la materia; el Idhie de la Ibero pidió al Congreso local estipular fechas límite y considerar la figura de suplentes ante ausencias.
Y es que, de acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), las leyes de Puebla, Colima, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas no incluyen plazos para cubrir las vacantes por renuncias o ausencias definitivas ni alguna figura que cubra estas faltas.
Lo anterior causó que, en 2021, el Congreso de Puebla tardara ocho meses en cubrir el espacio que dejó Gabriela Sierra Palacios en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaipue) tras renunciar en febrero de ese año, es decir en noviembre, proceso que se empalmó con el del nombramiento del sucesor de Marcela Carcaño Ruiz, quien concluía su periodo en enero de 2022.
De ese proceso, resultó el nombramiento de Claudette Hanan Zehenny, quien estaría como comisionada hasta 2028, pero el 15 de marzo de este 2022, dejó su cargo para formar parte de la Sala Especializada del Tribunal de Justica Administrativa del estado de Puebla. Para el 6 de abril, el Legislativo local emitió una convocatoria que cubra el cargo, mientras que la votación se realizará el próximo 26 de mayo, es decir, en este caso, serían dos meses y medio para cubrir la nueva vacante.
Retraso en recursos de revisión
Dichas ambigüedades ocasionaron el retraso en recursos de revisión que han ingresado al Itaipue, pues, pese a que la ley establece que éstos tienen que ser resueltos en un periodo no mayor a 60 días, hasta principios de mayo de este año seguían pendientes de resolver expedientes de 2021.
En ese contexto, el Idhie solicitó al Congreso de Puebla reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado para establecer de manera clara los plazos que hay para notificar al Legislativo las ausencias definitivas de los comisionados y comisionadas, así como para el nombramiento de las personas que ocuparían la vacante.
También, pidió considerar un mecanismo de suplencia ante la ausencia temporal de algún comisionado, o durante el proceso de designación de un nuevo o nueva integrante del pleno ante una renuncia; bajo esta figura se podría considerar a algún funcionario del propio Instituto, como el secretario de Instrucción de la ponencia que esté vacante.
Como ejemplo, el análisis señaló el caso de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala en donde se incluye la figura de comisionado o comisionada suplente, quienes son nombrados en los mismos procesos que los y las integrantes del pleno.
Asimismo, destacó las buenas prácticas de las leyes de transparencia de Baja California y Quintana Roo; la primera que considera la creación de un Comité Ciudadano para los procesos de selección de los comisionados y las comisionadas del instituto, ya sea en un proceso ordinario o por la renuncia de algún integrante del pleno.
La segunda, que, en la convocatoria que emite, busca promover la participación ciudadana invitando a investigadores, académicos, a organizaciones de la sociedad civil y/o especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas, y, en general, en todo lo concerniente a gobierno abierto, a participar en el desarrollo de las entrevistas que se lleven a cabo a los aspirantes a comisionados.
R: DJ
