Con la propuesta de castigar con cárcel a quien incite al suicidio, familiares podrían culpar erróneamente a alguien, por lo que es necesario revisar cómo se interpretará, además de que faltan iniciativas para la prevención de esta conducta y promover la salud emocional.
Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, Quetzalcóatl Hernández Cervantes, académico de la Universidad Iberoamericana y presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, quien sostuvo que a nivel nacional ya está tipificado como delito que una persona asista o ayude a otra a que cometa dicha acción.
Refirió que la iniciativa de la priista, la diputada Isabel Merlo Talavera, se puede leer desde dos vertientes, una favorable que es “sin duda” frenar actitudes que puedan provocar el suicidio como el bullying, así como erradicar un conflicto intrapersonal y que se dé una cultura de mediación, ya que en muchos de los casos no se dan a conocer hasta que se agravan.
Mientras que la otra es que, aunque la ley tiene un antecedente, no hay iniciativas que la acompañen en materia de salud mental, o una ley en la que se etiqueta una partida presupuestal para la promoción de la salud y prevención del suicidio.
“No podemos continuar pensando en que los casos van a disminuir porque a la gente le va dar medio ser juzgada y recibir una pena de cárcel como se plantea de hasta 12 años, creo que no podemos manejarnos por castigos, sino más bien qué hacer para que esto no ocurra”, asentó.
Sostuvo que el suicidio es un tema complejo, pues contempla diversos factores, ya que pueden ser acciones que se desencadenaron antes, al tiempo de ejemplificar que no se puede decir que porque alguien terminó con su pareja, eso lo orilló a que lo hiciera, dándole esa responsabilidad.
Se enfoca en sanciones en lugar de prevención
“La iniciativa no resuelve, atiende parcialmente la problemática y creo que uno de los grandes riesgos es que se malinterprete, porque una familia que pierden a alguien por suicidio, en su dolor, podría culpar erróneamente a alguien con el argumento de que lo reprobaron, no le dieron dinero, lo terminaron, entre otros”, remarcó.
El académico mencionó que en el análisis de esta propuesta se debe revisar de qué manera será la interpretación, cómo se va aplicar, cuáles serán los elementos para que el médico forense determine que una persona le induje a quitarse la vida a la víctima.
Sostuvo que tampoco se está contemplando que el suicidio es una decisión personal, pues aun cuando la persona enfrente situaciones complejas, ella es la que opta por hacerlo, de acuerdo con los estudios que se han hecho en la suiciodología.
Hernández Cervantes manifestó que la iniciativa va más enfocada en sanciones y no, en acciones promotoras de salud emocional y prevención del suicidio, situación que se da a nivel nacional, pues si bien el año pasado se presentó una ley en la materia, no se ha concretado.
Esto, dijo, a pesar de que en las últimas cinco décadas la práctica de quitase la vida va en aumento y cada vez lo hace gente más joven, sin que haya una clara una meta para disminuirlo, lo cual se tiene que hacer desde las escuelas y con recursos enfocados a ello.
Es de resaltar que dicha propuesta plantea sancionar con prisión de 1 a 5 años a quien induzca a otra persona para que se quite la vida, mientras que, si le presta auxilio hasta el punto de ejecutar la acción de quitarle la vida, la pena podría ir de los 4 a los 12 años de cárcel.
R: DJ
