Directivos de universidades privadas pidieron que los nuevos requisitos estatales para obtener un título y cédula profesional en las carreras de la salud, no sean retroactivos, pues 9 mil estudiantes han sido afectados y no han podido hacer el trámite.
Lo anterior, en rueda de prensa donde participaron los representantes del Instituto de Ciencias Jurídicas, las universidades Leonardo Da Vinci Puebla y Tehuacán, así como la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Los académicos solicitaron que las nuevas normas no sean obligatorias para quienes antes de enero de 2022, fecha en que entraron en vigor, ya terminaron sus estudios, hicieron su servicio social o aprobaron un examen de egresados.
En rueda de prensa, dijeron que el objetivo de lo anterior es que nos les sigan retrasando o deteniendo la entrega de los documentos mencionados, bajo el argumento de que también deben cumplir los recientes requisitos instituidos, los cuales son más exigentes.
En ese sentido, recordaron que ahora el servicio social debe ser no menor a un año y para titularse solamente existe una vía: la presentación y defensa de una tesis.
A decir de los directivos, son aproximadamente 9 mil estudiantes los que tienen detenidos su título por la nueva normativa; agregaron que el 38 por ciento de alumnas y alumnos en Puebla cursan una carrera en escuelas particulares.
Piden intervenir a Barbosa
Apelaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta para que intervenga en el asunto, así como para que autorice a las instituciones privadas para que puedan seguir contando con el reconocimiento de validez oficial del estado.
“Para que se busque una solución y no se afecten los derechos de los miles egresados, dado que muchos de ellos ya cuentan con el Acta de Examen profesional y sólo están a la espera de la expedición de su título para tramitar su cédula ante la Dirección General de Profesiones y poder ejercer la licenciatura que cursaron”, expresaron.
En otro orden de ideas, advirtieron que diferentes universidades están recurriendo a la Federación para conseguir sus reconocimientos de validez oficial de estudios (Rvoes), entre ellas, la Anáhuac, la Upaep y la Universidad Madero.
También mencionaron que los rectores de las instituciones de nivel superior de financiamiento privado y los afectados han tenido reuniones con el Director de Profesiones y la Directora de Educación Superior Particular para buscar una solución al problema, sin que hasta este momento hayan tenido una respuesta positiva.
Con motivo de ello, se han visto obligados a pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Justicia Federal mediante Juicios de amparo indirecto.