La sobrepoblación en los penales de Puebla, que es de 39.2 por ciento, se debe en gran medida al “abuso de la prisión preventiva”; como alternativa, se puede recurrir al beneficio de preliberación para mayores de 70 años, trabajo comunitario o la prohibición de acudir a ciertos lugares.
Así lo indicó Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en entrevista para Ángulo 7, luego de que este medio publicó que mientras a nivel estatal la sobrepoblación es de 39.2 por ciento, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel es de 103.
Comentó que el caso del bebé hallado muerto en el penal de San Miguel fue la entrada para problematizar un asunto que existe en los penales, pues se encuentran en el olvido, ya que para los gobernantes muchas veces no tiene un beneficio político invertir en las prisiones, pues políticamente es más redituable invertir dinero en escuelas o parques, comentó.
El experto reiteró que el abuso de la prisión preventiva es en gran medida la causa de la sobrepoblación en los penales, comentó que a partir de 2018 los números de personas privadas de la libertad bajo medida cautelar se incrementaron.
Por ello, advirtió que se debería analizar si de verdad es una buena medida, ya que trae consecuencias negativas tanto para la familia de las personas que no saben si son culpables o inocentes y para los propios centros penitenciarios.
Llaman a jueces a cambiar metodologías de reprimenda
En primer lugar sugirió no abusar de la prisión preventiva y considerar los beneficios preliberacionales como alternativas; esta última podría determinarse mediante el análisis de expedientes.
Luna de la Mora indicó que el beneficio preliberacional podría servir para personas de 70 u 80 años con varias décadas en la cárcel, pues existe evidencia criminológica indica que la delincuencia declina con la edad.
También comentó que no se trata de modificar las leyes, pues por ejemplo, el beneficio preliberacional ya existe, por lo que los jueces son quienes toman las decisiones y también son quiénes tienen en sus manos cambiar las metodologías de reprimenda.
El experto enfatizó que, “definitivamente”, una de las soluciones para la sobrepoblación de las cárceles no es construir más centros penitenciarios, ya que se debería tener contemplado que la cárcel debería ser la última opción de sanción.
Al respecto, comentó que podría sancionarse con multas de trabajo a la comunidad, prohibiciones de asistir a ciertos lugares, dictámenes que obligan a acudir a firmar cada cierto tiempo, así como dispositivos electrónicos de seguimiento.
Luna de la Mora agregó que los centros penitenciarios son una industria domde hay alguien siempre que lucra con lo que allí se consume, como es el caso de alimentos.
Recordó que, según la encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, en Puebla 4 de cada 10 personas privadas de la libertad han tenido que hacer pagos a custodios.
Indicó que no se debe de olvidar que la cárcel es un castigo que limita la movilidad, pero no las condiciones humanas para vivir con dignidad, pues la cárcel no sanciona la mala alimentación, ni el convivir en una celda con 16 personas “pese a que fue creada para cuatro”.
Recomendaciones de CDH
En el caso del Cereso de San Miguel, en abril de 2021 la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDH) emitió la recomendación 06/202, donde señaló la violación del derecho humano a la vida y seguridad jurídica tras el hallazgo de un cadáver con signos de ahorcamiento y golpes.
El Cereso de San Miguel fue testigo de la creación de lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó “pueblito”, pues con la llegada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Raciel López Salazar y sus subordinados de origen chiapaneco, en el penal se construyeron cuartos divididos en dos o tres, donde llegaban a cobrar 2 mil 500 pesos la noche y 250 la hora.
A finales del mes de diciembre de 2020, la CDH dio a conocer que en 2019 en el mismo Cereso se realizaron fiestas en el área masculina a las que acudían reclusas a cambio de dinero, bajo la anuencia de las autoridades del penal.
Lo anterior, de acuerdo con el expediente 7241/2019, y sus acumulados 7243/2019, 7245/2019 y 7247/2019 que fue abierto luego de que trabajos periodísticos señalaron el cobro de hasta 15 mil pesos por celda, 20 pesos por visita y un área conocida como “la perrera”, donde llevaban a quienes no cooperaban.
