A las 5 de la madrugada de este jueves, alrededor de 200 elementos de la Policía Estatal y Auxiliar ejecutaron la entrega de posesión a José Luis Espinoza Vega de los terrenos del Suntuap en ex Rancho Vaquerías, producto de un juicio mercantil que data de 1994.
El Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Estado de Puebla dictó la entrega plena, total y absoluta de posesión al actor en juicio, Espinoza Vega, según el expediente 2364/1994/3A; de acuerdo con la orden, los sindicalizados tendrían 72 horas para retirarse.
Carlos Huerta, representante legal del Suntuap, indicó que intentan tomar posesión de las canchas de fútbol, por lo que solicitó a los agremiados tener paciencia y calma, toda vez que ya analizan las opciones en beneficio del sindicato y de los colonos del predio, al tiempo de señalar que el conflicto se resolverá en tribunales.
El dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap), Juan Francisco Estrada García, comentó con Ángulo 7 que hasta el momento no hay pleitos o el uso de la fuerza, así como no fueron desalojadas de sus casas las personas que viven en los terrenos ubicados en el bulevar Carmelitas y Municipio Libre, al sur de la ciudad de Puebla.
Estrada García explicó que no es casualidad que se haya ejecutado el desalojo un día antes de tener la resolución de un juez federal del recurso de queja sobre un amparo interpuesto para no ser desalojados de los terrenos en los que viven desde hace 15 años.
“Solicitamos el apoyo de todas las organizaciones populares, que nos apoyen en este movimiento que es un atraco, un vil atraco, el Suntuap no va a permitir que esto suceda, convocamos a todas las sociedades organizadas para que nos apoyen”, indicó el actual dirigente del Suntuap.
Sobre el conflicto legal
El conflicto legal de los predios, que miden 21 hectáreas se remonta al año 1994, cuando Espinoza Vega presentó un juicio mercantil en contra del sindicato por un adeudo de 60 mil pesos, por lo que un juez dictó el 28 de junio de 2001 a la organización pagar las prestaciones reclamadas.
Actualmente, la sentencia ya implica un pago de más de 2 millones de pesos por los intereses.
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