A 8 años de la represión policiaca en Chalchihuapan, el exsecretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas y el exfiscal, Víctor Carrancá Bourget, siguen sin rendir cuentas ante la justicia por las acusaciones de encubrir las agresiones que dejaron 11 lesionados y un niño muerto.
El 9 de julio de 2014, elementos de la Policía Estatal desalojaron la autopista a Atlixco debido a que pobladores de dicha junta auxiliar, en Santa Clara Ocoyucan, la mantenían bloqueada a la altura del puente que conecta con la comunidad, en protesta por el retiro del registro civil.
El operativo con elementos y equipo antimotines generó un enfrentamiento con los habitantes, lo cual dejó como saldo 11 personas lesionadas, además de que el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo recibió el impacto de un proyectil en la cabeza cuando regresa a casa de la escuela, por lo cual perdió la vida en el hospital.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso y acreditó como violaciones graves a las garantías individuales. Entre ellas, la muerte del menor por el uso inadecuado de un proyectil de largo alcance irritante calibre 37/38 mm disparado por los policías.
Por ello, emitió la recomendación 2VG/2014, en la cual se establecieron 11 puntos a cumplir por parte del gobierno de Puebla, entre ellos una disculpa pública a las víctimas y la reparación del daño a los familiares del menor que perdió la vida a causa de la represión.
Para 2016, Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo aceptó la indemnización de un millón 700 mil pesos por la vida de su hijo con lo que se permitió al gobierno morenovallista dar por cumplidos todos los puntos, por lo que el expediente quedaba como cerrado.
Seis policías estatales fueron sentenciados
En julio de ese año, la Fiscalía a través de un comunicado dio a conocer que seis uniformados involucrados en el desalojo recibieron sentencia condenatoria; dos de ellos por el delito de homicidio culposo en agravio del menor fallecido y los otros cuatro se les declaró penalmente responsables de los delitos de lesiones y falsedad de declaraciones, aunque no se detalló cuántos años fueron.
Sin embargo, Tamayo Montes y pobladores señalaron que también tenían que investigar al extitular de la SSP, Facundo Rosas Rosas y exfiscal Víctor Carranca Bourget, el primero porque –dijeron– fue el que ordenó llevar a cabo el desalojo, mientras que el segundo por “omisiones” en la investigación, además de “encubrir” los hechos.
Y es que en uno de los puntos se pidió al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue “instruir a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos”.
Sin embargo, esto no se llevó a cabo, ya que el extitular de la dependencia no fue sometido a algún proceso y posteriormente dejó el cargo luego de que dos directores de la dependencia fueron encontrados por el Ejército custodiando una toma clandestina de hidrocarburo.
En septiembre de 2019 el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien llevaba poco más de un mes en el cargo, anunció que se reabrirá el caso de Chalchihuapan a nivel estatal, además de que pedirá a la CNDH, que retome las investigaciones, con el fin de hacer “realmente” justicia a las víctimas, pues era un compromiso que tenía con los pobladores de esa junta auxiliar que fueron reprimidas.
No obstante, para julio del 2020 dio a conocer que, aunque designó a una comisión para revisar el caso, esta “ha tenido dificultades” para avanzar debido a que los afectados no han mostrado interés en ello, además de que la CNDH ya había dado por cerrado el expediente porque se cumplieron los 11 puntos de la recomendación.
Elia Tamayo presentó demanda penal en 2020
Para septiembre de ese año, Elia Tamayo Montes presentó una denuncia penal en contra de ambos exfuncionarios por omisiones en la investigación del homicidio de su hijo, sin embargo, hasta la fecha se desconoce cuál es el estado en el que se encuentra dicho proceso.
De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) recibió por parte de una de las víctimas una solicitud para que reabrirá el caso a nivel local, sin embargo, el organismo manifestó que no contaba con atribuciones legales para tal efecto, ya que el caso ya había sido resuelto por la CNDH.
Apenas el año pasado, en el marco del 9 de julio, Barbosa Huerta sentenció que “no se termina mi gobierno hasta que se aplique la ley en caso Chalchihuapan”, pues afirmó que no habrá impunidad por la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.
En ese entonces, sin mencionar sus nombres, sostuvo que conoce a los responsables, así como a los que “orquestaron esta confabulación jurídica” para encubrirlos, en alusión a Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública (SSP), y al exprocurador Víctor Carrancá Bourget.
Debido a este caso, los pobladores de Chalchihuapan igual exigieron que se investigará al exgobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas y su entonces secretario General de Gobierno (SSG), Luis Maldonado Venegas, lo cual no sucedió, además de que ambos ya fallecieron sin responder ante la opinión pública.
