Tras hacer un análisis a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la Ibero señaló que la FGE únicamente cómo se introdujo el bebé Tadeo, sin vida, al Cereso de Puebla, pero se desconocen los motivos y la relación que tuvieron autoridades.
A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, indicó que el análisis fue enviado a los tres niveles de gobierno.
La Ibero detalló que se concluyó que el hecho revictimizó a la familia de Tadeo, quienes tuvieron que revivir el proceso que ya habían sufrido tras la muerte del bebé, que fue exhumado para ser ingresado a Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Además, se especificó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, violó el derecho a la seguridad jurídica, ya que el personal penitenciario incumplió con su deber legal al permitir el ingreso del bebé sin vida. Mientras que la alcaldía de Iztapalapa violó el trato digno de un cuerpo, “equiparable a tratos denigrantes al ser exhumado, trasladado y abandonado en un contenedor de basura”.
Asimismo, indicó el estudio, ambas violaciones tienen alcance a los derechos humanos de sus familiares al traducirse en un proceso de revictimización y extensión del sufrimiento derivado del propio fallecimiento de su hijo, implicando una violación tanto a la integridad personal como al derecho de la memoria de las personas fallecidas.
Por lo anterior, en el documento se responsabiliza “al gobierno del estado de Puebla en dos vertientes, la primera al poder caracterizarse como atribuibles a agentes estatales, lo que contraviene la obligación de respeto de los derechos humanos, y la segunda por la omisión o falta de prevención frente a hechos cometidos por particulares ante la existencia de un riesgo real de vulneración a los derechos humanos, lo que representa un incumplimiento de la obligación de garantía”.
Mientras que para el caso de la alcaldía Iztapalapa, los hechos relacionados con la exhumación del cuerpo implican responsabilidad por la segunda vertiente.
El documento también puntualiza que aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha esclarecido el caso, únicamente ha sido en lo referente a la introducción del bebé sin vida al Cereso de San Miguel.
Sin embargo, se carece de una explicación pertinente del por qué se exhumó el cuerpo de un panteón de la Ciudad de México, para luego ser trasladado hasta Puebla capital, “ni la relación entre los diversos actores estatales y particulares involucrados en cada una de las etapas”.
De esa manera, el del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) emitió una serie de recomendaciones que ya fueron enviadas a autoridades federales, estatales y municipales ante las diversas irregularidades y violaciones de derechos humanos.
