Hasta febrero de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal recibió 780 solicitudes de amnistía, de las que seis fueron de personas privadas de la libertad en Puebla, pero una la desechó, por lo que siguen en análisis cinco.
Así lo indicó dicha dependencia federal a Ángulo 7, a través de la solicitud de información 0000400108821, en la que afirmó que, de las seis peticiones de habitantes de Puebla, cuatro fueron por delitos contra la salud relacionados con narcóticos.
La dos restantes, por delitos que no se adecuaron a ningún supuesto del artículo de la Ley de Amnistía, la cual señala que podrán pedir “el perdón” quienes tengan condenas por poseer o vender drogas, con frecuencia lo hacen a solicitud o por presión de sus parejas.
Las personas indígenas enfrentan procesos sin un traductor o abogado que entienda su cultura y lengua, así como los jóvenes que viven en pobreza procesados por posesión de drogas tienen pocas oportunidades de educación y empleo.
También, por robo simple y sin violencia, así como la sedición, o formar parte de grupos que incitaran a la comisión de otros delitos motivados por ideas políticas para alterar la vía institucional; se excluyen los actos de terrorismo, secuestro, homicidio o lesiones graves. Todos previstos en el Código Penal federal, de acuerdo con la ley que entró en vigor el 20 de abril de 2020.
Cabe mencionar que el estado de Puebla no cuenta no dicha ley, aunque hay dos iniciativas en el Congreso local presentadas en marzo de 2021, por el panista Oswaldo Jiménez López y el morenista Gabriel Biestro Medinilla.
Sin embargo, el gobierno del estado inició el programa de preliberación, con el que, hasta enero de este año, 24 personas quedaron en libertad, entre ellos, seis indígenas, una mujer que pagaba una pena de 17 años por homicidio en razón del parentesco (aborto), y tres selectos (adultos de más de 60 años), de los cuales dos estaban enfermos.
