Las redes sociales se volvieron un medio que utilizan grupos criminales para reclutar a menores de edad, que pasan por desintegración familiar o viven en pobreza, para involucrarnos en sus bandas y cometan sus ilícitos sin arriesgarse.
Así lo señaló, en entrevista, Tadeo Luna de la Mora, responsable del Programa de Seguridad del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que “desgraciadamente” no hay datos concretos de esta práctica, luego de que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dio a conocer que en Puebla, hay 10 mil 725 menores en riesgo de ser cooptados por grupos delictivos.
Dijo que este problema se da en dos sentidos, uno que es para que reclutar a niños o menores para sus actividades delincuenciales y, otra, como posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, ésta última principalmente a mujeres.
“Sí está documentado que enganchan a menores para el halconeo, vender drogas y van escalando, mucha de esta captación se hace a través de redes sociales, pero igual de boca en boca, en colonias, en los barrios, en las zonas marginadas, uno empieza y se pasa la voz”, asentó.
Puso de ejemplo que, si un joven quiere comprarse el celular de moda, sabe que tendrá que juntar dinero varios años, pero si vendiera droga, lo podría adquirir en un mes, por lo que sería “mucho que ganar” y nada que perder.
Refirió que, en todo caso, el que debe investigar esta situación es la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que tampoco se puede dar una regulación para vigilar qué redes son las que usan los menores o en su caso los papas tampoco pueden estar pegados viendo que hacen sus hijos.
Pandemia aceleró migración a las redes
Lo anterior porque explicó que hay redes que tiene límite de edad y no es lo mismo usar Twitter, que Tik Tok, Facebook o Instagram, pues todas tienen un público diferente y hay algunas que son “las del momento” y lo viable es que los padres limiten a sus familiares a no usarlas hasta que tengan cierta edad.
Comentó que la pandemia del Covid-19 aceleró la migración a las redes sociales, porque la realidad “así lo obligó”, lo que igual aumentó el uso de dispositivo para estar conectados entre personas, pues estar en confinamiento generó buscar otra forma de comunicarse que fuera la física o verbal.
“Más que prohibir que las usen, yo creo que es educarlos sobre los riesgos en estas redes, que no compartan cosas privadas con personas desconocidas, hacerles conciencia que chatear con alguien por una semana no significa que ya la conocen, así como aprender a manejarlas y protegerse de lo malo que está ahí y que es un reflejo de lo que está pasando en la ciudad”, expresó Luna de la Mora.
Crimen busca tener conexión con distancia segura
De acuerdo con un informe de Consultores Especializados en Seguridad, además del reclutamiento, el crimen organizado busca a través de los vídeos en las redes establecer una conexión social desde una distancia segura, esto para ampliar su campo de acción al entorno digital.
Esto, porque el fácil uso de las redes, su gratuidad y alcance representan una herramienta invaluable para establecer vínculos con el público y lavar su imagen ante la sociedad, así como una fuente de enganche entre jóvenes que ven en el contenido expuesto una oportunidad de posicionamiento social.
Por ello, se resaltó que no hacer nada no es una opción y a partir de la experiencia de diferentes naciones se puede ofrecer un abanico de posibilidades para que los legisladores federales actúen ante un fenómeno que ya comienza a ser percibido a nivel mundial.
Es de resaltar que, de acuerdo con el informe de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en Puebla hay 10 mil 725 menores en riesgo de ser cooptados por grupos delictivos.
Explicó que no hay una política pública para su desarrollo personal, educativo, deportivo y artístico, sumado a que estas cuestiones sociales de pobreza, de violencia dentro de sus hogares, no asisten a la escuela o no pueden ejercer sus derechos a plenitud, ya sea que trabajan o están en una situación conyugal complicada.
