El Comité por la Libertad de Presos Políticos exigió agilizar las investigaciones por las denuncias presentadas por activistas que fueron encarcelados y después, exonerados en el morenovallismo, así como sanción contra los responsables de la “represión” política que hubo.
En rueda de prensa, Carolina González Barranco, vocera del comité, comentó que el ahora gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuando fue candidato, manifestó indignación frente a los abusos cometidos contra activistas y organizaciones, así como por la prefabricación de delitos contra 360 personas, por lo que se castigarían, sin que a la fecha haya algún avance.
Refirió que, si bien en el actual gobierno no se han cometido atropellos como fue en su momento durante el sexenio morenovallista, “está lejos de hacer justicia” a los que fueron vulnerados sus derechos y sufrieron persecución.
“Como candidato públicamente se comprometió, por un lado, a no repetir los mismos actos deleznables de represión y, por otro, a buscar a reparación del daño de aquellos que sufrieron tales atropellos, lo cual a casi 2 años de su gobierno no lo ha hecho”, asentó.
Por una parte, manifestó que hay dos denuncias presentadas por expresos políticos, Rubén Sarabia Reyna, de la organización 28 de Octubre, y Francisco Castillo Montemayor, exfuncionario marinista, contra quienes resulten responsables, pero los procesos siguen en etapa de investigación.
Recordó que ambas querellas tienen dos y un año, respectivamente, a causa de haber sido detenidos sin pruebas, incluso resaltó que quedaron exonerados, por lo que es el reflejo de la falta de voluntad política por reconocer y castigar a los culpables.
Aunado a esto, recriminó que el Congreso local haya mantenido a Gilberto Higuera Bernal, como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando es un personaje que estuvo “al servicio del morenovallismo”, ya que fue designado por Víctor Carrancá Bourget, tras haberse separado del cargo.
Se debe pedir perdón a víctimas de represión
Por ello, a nombre del comité, exigió que se sancione a los autores de la represión política que hubo en el periodo de Rafael Moreno Valle, a sus operados y cómplices; una petición de perdón a las víctimas de estos hechos, resarcir los daños causados a los afectados que así lo soliciten y abrir una mesa de diálogo con las normalistas de Teteles en el que se les garantice un trato respetuoso y no represivo.
También, que se habrá una línea de investigación política por el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hijo de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la organización “28 de Octubre”, pues a 4 años de los hechos, la FGE se ha negado a hacerlo.
Exigió que la Fiscalía emita una resolución sobre la situación legal de los estudiantes de la BUAP que fueron detenidos en 2015 previo a la elección de ese año, que fueron acusados de supuesto terrorismo, y les regresen los equipos de cómputo, celulares y dinero que les sustrajeron en el cateo a su domicilio.
Mientras, al Congreso local exigió que sea derogada la Ley Antigraffiti, que fue aprobada en 2015, y que consistió en reformar el Código Penal para incrementar las penas al delito de “pandillerismo” y “daño en propiedad ajena”, incluyendo bajo este último a las pintas callejeras, las cuales se castigan con una pena de 3 a 6 años de cárcel, y de 6 a 12 años tratándose de bienes públicos.
