El diputado Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para considerar como fraude a quien haga publicidad engañosa de productos alimenticios o milagro, como los que se anuncian para bajar de peso, lo cual se busca castigar con hasta 10 años de prisión en Puebla.
La propuesta fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, en la que el legislador señaló que con esto se busca prevenir que dichos insumos se sigan comercializando sin cumplir con los efectos prometidos en sus anuncios.
Refirió que es constante escuchar en radio o televisión cómo se promocionan jabones, pastillas, cremas, inyecciones, geles, bebidas que ofrecen bajar de peso, mejorar la salud, el rendimiento, desaparecer arrugas, varices y demás, sin una investigación científica que soporte sus efectos.
“Cuando se va a comercializar uno de estos productos, la empresa o el interesado lo que suele hacer es buscar una vía legal simple para conseguir un tipo de autorización y luego crea una publicidad agresiva, atribuyendo propiedad que en nada tiene que ver con lo que ha presentado a las autoridades sanitarias”, asentó.
Dijo que, debido a esto, no están obligados por la ley pasar por pruebas de calidad, eficacia y seguridad a las que son sometidos los fármacos de patentes, por lo que los ofrecen como “productos naturales, innovadores y utilizan elementos persuasivos para atraer a las personas”.
Comentó que quienes venden estos insumos igual se apoyan de testimonios de supuestos consumidores, fotografías de personas con un antes y un después, así como la opinión de presuntos especialistas sobre estos productos milagro y hasta a individuos del espectáculo.
Proponen catalogarlo como fraude
Incluso, señaló que los vendedores están conscientes de su ineficiencia sobre el organismo y que a pesar de ellos los buscan, por lo que sólo buscan enriquecerse a costa de la ignorancia de quienes intenta mejorar su salud o rendimiento físico.
Por ello, Trujillo de Ita propuso adicionar la fracción 26 al artículo 404, del Código Penal del estado, con el objetivo de calificar como fraude la venta de productos que no cumplan con lo que ofrecen, por lo que las penas por este delito, considerado como fraude, dependerán de la cantidad de lo defraudado, por lo que va de 3 a 10 años.
Dicha iniciativa estable que “quien realice por cualquier medio publicidad engañosa de productos que prometen cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras, curativas o cosméticas y los comercialice sin contar con autorización sanitaria correspondiente, o con autorización no ajustada a la verdadera naturaleza del medicamento”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis, aunque debido a que ya son los últimos días de la Legislatura, sería dictaminada y en su caso aprobada hasta que entre la otra, que es a partir del 15 de septiembre.
