La Secretaría de Gobernación (Segob) federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, avaló el proyecto de ley en materia de personas desaparecidas, al considerar que es “indispensable” su aprobación por el Congreso de Puebla y posterior promulgación.
Así lo indicó la comisión, encabezada por Karla Quintana Osuna, mediante un oficio dirigido a la diputada poblana de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, en el que dio a conocer que la iniciativa, según su análisis, “es acorde con lo establecido por los tratados internacionales y la normativa en la materia”.
A través de redes, la legisladora local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dio a conocer el escrito por el cual la Segob “palomea” la iniciativa que presentó desde mediados de 2020.
Dicho proyecto, cabe mencionar, fue realizado en conjunto con familiares de personas desaparecidas en Puebla, así como académicos, por lo que reúne experiencias de los implicados directos para agilizar la búsqueda de sus seres queridos, a lo que urge aprobarla.
“Estamos dando seguimiento al proceso legislativo en cuestión y consideramos indispensable su conclusión con la aprobación y emisión del decreto por el cual se expide la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el estado de Puebla”, reza el escrito de la Comisión de Búsqueda.
Refirió que la entidad ocupa el noveno lugar histórico en cuanto a personas no localizadas, al reportar al menos 2 mil 998, 423 tan solo en el último año.
En este sentido, exhortó al Congreso de Puebla a que se apruebe el referido proyecto, a fin de que se cuente con una normativa que dé certeza jurídica a las familias, además de que responda a sus justas exigencias.
Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada desde mediados de 2020 por Rodríguez Sandoval, por lo que lleva “en la congeladora” ya 11 meses, mientras que las familias acusan omisión por parte del Legislativo local.
Ante el retraso, los afectados y académicos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla tramitaron un amparo en materia penal, al aducir que el Congreso vulnera sus derechos, por lo que le restan 41 días para abordar el tema.
