De 2007 a 2021, mil 491 poblanas tuvieron que trasladarse a Ciudad de México, donde el aborto no está penado con cárcel, para interrumpir su embarazo de forma segura, unas ocho mujeres al mes durante 14 años; exdiputadas afirmaron que despenalizarlo en el estado es un tema de “voluntad política”.
Lo anterior de acuerdo con el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), cuya directora, Natalí Hernández Arias, informó que –según datos de la Secretaría de Salud capitalina– la prohibición de esta práctica en la entidad no la ha frenado, pues solo aumentó la criminalización de las mujeres.
Expuso que de las casi mil 500 mujeres, 60 podrían acceder a la interrupción legal en Puebla, conforme a la actual legislación; no obstante, los “largos trámites burocráticos” lo impidieron, aunque el estado se los debió garantizar.
Este miércoles, en la entrega de los resultados del parlamento abierto sobre aborto, realizado por el Congreso local en abril pasado, a fin de abordar el tema en el pleno –lo cual no ocurrió–, la activista, junto con las exdiputadas Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval, urgieron a que la nueva legislatura diera seguimiento al tema.
Apegarse al Estado laico, exigen
Ambas exlegisladoras, presentes durante el foro que se extendió durante un mes, afirmaron que el ejercicio dejó tres iniciativas, al Código Penal y las leyes de Salud y Educación, las cuales “sentaron las bases” para que el tema avance en el Legislativo, siendo que, consideraron, es un tema de voluntad política.
De igual forma, refirieron que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la cual declara inconstitucional penar la interrupción voluntaria del embarazo, marca una “obligación” de los Congresos locales, por lo que, afirmaron, no dejarán de insistir.
Por su parte, Adriana López Belda, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que algunos diputados interponen sus creencias sobre su labor de legislar, por lo que, insistió, el parlamento demostró que la decisión debe ser apegada al Estado laico.
Las organizaciones adelantaron que publicarán una versión textual de las participaciones a favor de la despenalización, vertidas durante el foro, al afirmar que persiste desinformación en cuanto al asunto, por lo que reprobaron que se pretenda realizar una consulta al respecto.
“Los derechos no se consultan”, aseveró Rodríguez Sandoval, ante la posibilidad de realizar un censo ciudadano, como lo sugirió el arzobispado de Puebla e incluso legisladores.
