El Congreso de Puebla aprobó la renuncia de Jorge Benito Cruz Bermúdez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras las denuncias que tiene por desvíos de recursos en el Capcee por 300 millones de pesos y a quien le negaron un amparo la semana pasada.
Lo anterior, durante la última sesión del periodo ordinario que fue transmitida de forma virtual este lunes, la cual se avaló con 30 votos, cero en contra y cero abstenciones, luego de que el viernes pasado fue calificada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Previo a la votación, la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia pidió al gobierno estatal no meterse en la vida interna del Legislativo, toda vez que este la acusó que no acudió a la comisión para evitar que avanzará la renuncia de Cruz Bermúdez.
Asimismo, dijo que el viernes pasado se “uso la ley a modo” para que se aprobara la renuncia del magistrado, pues se permitió la incorporación de la petista Mónica Lara Chávez, quien había pedido licencia por más de 30 días, para que hubiera quorum sin que se haya hecho oficial el regreso de la legisladora.
Tras esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tendrá que proponen una terna de personas para relevar a Cruz Bermúdez, quien fue designado como magistrado de la Segunda Sala Penal del TSJ, a propuesta del entonces gobernador Antonio Gali Fayad, en 2018.
El nuevo nombramiento que se dé debe ser con el voto de dos terceras partes de los 41 legisladores que integran el pleno, es decir, 28 votos.
Barbosa propondrá terna
La semana pasada Barbosa Huerta anunció que iba a proponer a una mujer jurista para magistrada en el TSJ para sustituir a Enrique Flores Ramos, quien falleció víctima de Covid-19 y por lo que se declaró ausencia infinita, mientras que iba a esperar a que se aprobara la renuncia de Cruz Bermúdez para pronunciarse al respecto.
Cabe mencionar que el pasado 29 de enero, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, dio a conocer ante diputados que Cruz Bermúdez y Gustavo Guzmán Fernández fueron denunciados por el presunto desvío de 300 millones de pesos cuando estuvieron al frente del Comité Administrados Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), a ambos se les negó un amparo.
