Tras la insistencia de la BUAP en contratar a auditores externos que no se encuentran avalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo cual es ilegal, el Congreso local analiza una iniciativa para endurecer la contratación de estos despachos fiscalizadores.
El proyecto, turnado por el titular del Ejecutivo, pretende reformar diversas fracciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para dotar de nuevas facultades a la ASE, tipificar los requerimientos para empresas privadas auditoras, así como su asignación.
Con lo anterior, se establecería como auditores externos a “las personas físicas y morales, profesionales en contaduría pública, titulados, reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), designados por la Auditoría Superior (…), para auxiliar a aquella en las funciones que le competen” según se lee en la iniciativa.
Asimismo, se da la facultad de “supervisar y evaluar la calidad desempeño y cumplimiento” de dichos auditores y, en su caso, designar un despacho directamente a las entidades fiscalizadas para su revisión.
Es de mencionar que el Consejo Universitario de la BUAP, presidido por el rector Alfonso Esparza Ortiz –señalado de presuntas irregularidades durante su gestión–, contrató en dos ocasiones a un despacho auditor que no se encuentra reconocido por la ASE, lo cual fue ilegal.
La primera ocasión, en julio de 2020, se eligió a Fates Consulting para auditar a la universidad, no obstantes, se canceló la contratación a raíz de un conflicto de interés, entre la firma y Esparza Ortiz, mientras que en octubre se contrató a Deghosa International Consultores, que no está en el padrón de la ASE.
Dan más facultades a ASE
En el proyecto de ley, resalta que ahora la ASE podrá requerir información a instituciones de crédito, fideicomisos y “otras figuras del sector financiero”, además de que tendrá facultad de requerir datos a autoridades hacendarias locales, como los municipios, y federales.
También, se podrá pedir datos a “profesionales independientes o particulares, sean físicas o morales e instituciones públicas o privadas” que estén relacionadas a una investigación en curso, mismas que pueden ser sancionados en caso de no acatar los requerimientos.
En cuanto al titular de la ASE, se le confiere la autoridad para autorizar, tras una convocatoria pública, el padrón de auditores externos que se integrará en cada ejercicio fiscal, además de que podrá designar -aunque no se especifica si directamente- a entes inspectores, con excepción de las dependencias y órganos del gobierno estatal.
Con esta reforma, sería la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que designe un auditor externo para la revisión de las auditoras externas, de manera autónoma a la ASE
