Por la baja movilidad provocada por la pandemia de Covid-19 durante 2020, los intentos de linchamientos y consumados en Puebla disminuyeron 46 por ciento al registrar 148, respecto a 2019 cuando hubo 276; el año pasado, nueve de estos se concretaron.
Así lo indicó Israel Salomón Huerta subcoordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz (Ocsepaz) en la presentación del informe “Justicia por propia mano: Análisis de los linchamientos en el estado de Puebla, 2020”, a través del Consejo de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
Indicó que a nivel estado, este fenómeno estuvo relacionado con el semáforo epidemiológico, pues mientras más se acercaban al color rojo, los linchamientos disminuían, por lo que el mes de julio de 2020 tuvo un decremento del 91.3 por ciento, ya que tuvo solo dos casos, mientras febrero tuvo 30; lo anterior, agregó, porque la movilidad afectó la incidencia delictiva a diferencia de 2019.
Los principales motivos que originaron esto fueron por delitos patrimoniales en 82 por ciento, como son robo a transeúnte, a casa habitación, motocicleta, coche, negocio, escuela, transporte público.
6% de linchamientos, consumado
Salomón Huerta indicó que de los 148, nueve terminaron en la muerte de la víctima, es decir el 6 por ciento, la razón porque se salvaron fue debido a que se abandonaba a la persona o existió una negociación entre la autoridad y los colectivos para rescatar al acusado.
Sobre los municipios, Puebla tuvo más casos con 67, marcando una diferencia importante con el resto, ya que Tlahuapan tuvo nueve; Amozoc, siete; Tecamachalco, cinco; San Andrés y San Pedro Cholula, con cuatro y tres, respectivamente.
También con tres casos estuvieron San Salvador Huixcolotla y Tlacotepec de Benito Juárez, mientras Acajete, Cuautlancingo, Huaquechula, Huauchinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde, Tzicatlacoyan y Zacapoaxtla tuvieron dos, asimismo 27 municipios más tuvieron sólo un caso.
Ante esto, Salomón Huerta indicó que es importante que las autoridades atiendan los delitos patrimoniales al ser la primera causa de los linchamientos, además de construir mejores políticas públicas para combatir la incidencia delictiva principalmente en la capital.
