La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, acordó atraer el caso del feminicidio de Victoria Salazar Arriaza, refugiada salvadoreña, quien falleció al ser sometida con uso excesivo de la fuerza por policías de Tulum.
De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó ante presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, como del ayuntamiento de Tulum y la Fiscalía de Quintana Roo.
Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo ya intervino en el caso por el por el probable “uso excesivo de la fuerza” contra la víctima, pues fue sometida con medidas no proporcionales a la resistencia que pudo oponer.
Por su parte, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
Reiteró que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.
“Al tratarse de una mujer víctima del uso excesivo de la fuerza pública, debe recordarse que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”, expuso el organismo este martes.
Señaó que tales garantías están contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención sobre los Derechos de la Niñez; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.
Cabe recordar que, el lunes, dos días después de los hechos, la Fiscalía de Quintana Roo ejerció acción penal contra cuatro policías involucrados en el presunto feminicidio.
