Prohibido, vender chatarras y refrescos en las escuelas, avalan diputados
Prohibido, vender chatarras y refrescos en las escuelas, avalan diputados. Foto: manufactura.mx
Prohibido, vender chatarras y refrescos en las escuelas, avalan diputados
Prohibido, vender chatarras y refrescos en las escuelas, avalan diputados. Foto: manufactura.mx

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que incluyen la prohibición de regalar y vender refrescos y alimentos chatarra a menores de edad en escuelas públicas y privadas de educación básica.

En la sesión semipresencial de este jueves, el dictamen, que modifica la fracción VIII del artículo 50 de dicho ordenamiento, fue avalado por unanimidad de 494 votos. De esta manera, se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

Con la modificación a la ley general, las autoridades federales, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México también deberán prohibir la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de chatarras o refrescos al interior de las instituciones.

Durante la discusión, Ana Lilia Herrera Anzaldo, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, encargada de realizar el dictamen, consideró que esta reforma contribuye a prevenir y combatir la obesidad infantil, así como fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables. 

“Sin embargo, debemos admitir que está muy lejos de ser una solución integral para combatir la desnutrición crónica y aguda”, contrastó.

Agregó que la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso a programas de prevención e información, son retos que no solo demandan legislar. 

Por su parte, la diputada María del Rocío Banquells Núñez consideró necesario realizar modificaciones a la ley para construir mecanismos de prevención de enfermedades y garantizar el derecho de los menores a un adecuado desarrollo. 

Cabe recordar que, desde 2019, tras años de oposición de la industria de alimentos, entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud para establecer el “etiquetado frontal de advertencia” en alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar o grasas saturadas.

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