El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para defraudación fiscal, contrabando y facturación falsa, sigue la línea de protección a la corrupción y a las minorías.
En su conferencia de prensa matutina, indicó que la determinación es una muestra de que existe división e independencia en los poderes del gobierno, lo cual “no sucedía en décadas”, ya que antes el “poder de poderes” era el ejecutivo.
Agregó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “actúan con absoluta liberta”, lo cual representa una “democracia verdadera”, que forma parte de lo que “se ha logrado con el movimiento de la cuarta transformación”.
Sin embargo, refirió que hace falta que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que “no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos, por lo que la invalidación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales “va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y apoyar las minorías”.
“Es la misma política que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza”, argumentó.
El fallo que fue aprobado el pasado lunes en la Primera Sala de la Corte, echó abajo la reforma de 2019, la cual amplió los ilícitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa.
Con fraudes, hacienda pública deja de recibir recursos para servicios
Expresó que cuando banqueros o grandes empresarios cometen fraudes fiscales de miles de millones de pesos la hacienda pública deja de recibir ingresos que podrían ser usados para garantizar el derecho a la educación, la salud o al trabajo de la población.
Asimismo, aseveró que respetará la decisión de la SCJN, ya que busca “estar en un auténtico estado de derecho” y reiteró la necesidad de que el poder judicial se reforme, pues “estas decisiones no le ayudan, porque no actúan así cuando se trata de defender al pueblo raso”.
Recordó que el poder judicial “está muy intervenido, muy afectado” por la “oligarquía” o el grupo político que surgió con las políticas neoliberales, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
