Los Pueblos Unidos de Juan C. Bonilla pidieron al gobierno y al Congreso la expropiación del predio donde se ubica la planta Bonafont, clausurada hace un mes, a fin de que sea utilizado para mantener la Casa de los Pueblos, donde realizan actividades culturales.
En conferencia de prensa este martes, desde el plantón que mantienen en la embotelladora desde el pasado 22 de marzo, pobladores dieron a conocer que está solicitud se presentó desde el pasado 30 de septiembre, a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, al Congreso de Puebla y al presidente municipal, Joel Lozano Alameda.
Indicaron que se busca declarar de utilidad pública el terreno —ubicado en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, en la carretera Cholula-Puebla— ahora que se “expulsó” a la trasnacional, luego de que en asamblea popular la declararon “culpable” de sobreexplotación de los mantos acuíferos y daños ambientales.
El pozo de agua de la empresa, que según los pobladores explotaba un millón y medio de litros diarios del vital líquido a diario, fue clausurado por los pueblos el 8 de agosto, cuando entraron a la planta a más de cuatro meses de protesta.
Comentaron que esté proceso buscará lograr la autonomía de los pueblos, además de “legalizar” la Casa de los Pueblos, donde dan atenciones médicas, imparten conferencias y recientemente hubo un encuentro entre investigadores y científicos.
“El inmueble solo se está resguardando, la utilidad pública se está garantizando. Y es un proyecto comunitario que va más allá de la cuestión partidista, de grupos o personal (…) Es un proceso jurídico mucho más grande, que es la autonomía. Ya acabamos el saqueo y vamos a hacer que se respete lo que los pueblos exigimos“, afirmaron.
Acusan persecución
Asimismo, los pobladores acusaron acciones de persecución y hostigamientos en su contra, mientras mantienen sus actividades en las antiguas instalaciones de la embotelladora, además de que ha habido amenazas de carpetas de investigación, por parte de la representación jurídica de Bonafont.
Los denunciantes señalaron que ha habido criminalización en contra de su movimiento, al asegurar que la empresa ha “difamado el movimiento y están preparando la represión”, siendo que –dijeron– hay constantes rondines de la policía estatal municipal, además de la Guardia Nacional (GN).
Rechazaron haber incurrido en algún delito, al asegurar que se actuó en defensa del vital líquido, siendo que desde hace más de 23 años la planta privó del recurso a pobladores al “saquear” los pozos.
