La CDH emitió una recomendación al ayuntamiento de Huejotzingo, luego de que un custodio del penal de dicho municipio agredió de forma sexual a una interna, hechos que el personal negó, pero que impidió el ingreso a los visitadores para dialogar con la afectada.
Esto, de acuerdo con el expediente 2878/2020, que se abrió tras una nota periodística, mismo en el que se detalló que los hechos ocurrieron en julio del año pasado, y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) solo recibió evasivas de las autoridades penitenciarias al momento de la indagatoria.
En el análisis del caso, el organismo autónomo señaló que la persona que abusó de la interna, fungía como comandante del Centro de Reinserción Social (Cereso), además de que nunca estuvo autorizado como visita íntima, por lo que se aprovechó del cargo que tenía.
Detalló que, en dos ocasiones, personal del reclusorio negó el acceso a las instalaciones al personal de la CDH, brindando respuestas evasivas y carentes de sustento jurídico, imposibilitando la realización de acciones urgentes de atención de una persona que en aquel momento fue sujeta de una presunta violación a derechos humanos.
Además de que se puso en riesgo el correcto desempeño de una investigación, así como la obtención de las pruebas respectivas.
La CDH señaló que el desempeño de los servidores públicos señalados como responsables deben de ser investigados, en atención a que con su accionar pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal
Esto, porque al ser personal de la Seguridad y Custodia y directivo del Cereso su actuar se traduce en deficiencias en el cargo conferido y responsabilidad tanto de carácter administrativo como penal.
Deberán ser investigados los involucrados
Tras esto, la CDH emitió la recomendación 34/2021 por violaciones a los derechos humanos de trato digno y a la verdad, en agravio de la sociedad en general, por lo que se deberá iniciar un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos involucrados.
También deberá colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación que se habrá, debiendo proporcionar todo medio probatorio a su alcance y deberá reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a la víctima derivado de los hechos.
Se deberán poner en marcha medidas que eviten cualquier tipo de contacto entre el personal de seguridad y custodia del sexo masculino, con las mujeres privadas de su libertad, debiendo limitarse a las cuestiones indispensables para el desarrollo de las actividades y buen funcionamiento del penal, así como aquellas de carácter laboral, educativo y de salud.
También se deberá instruir a los servidores públicos adscritos al Cereso para que se sujeten a actuar en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, y se le brinde a la totalidad del personal, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.
Mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que, en base a la recomendación, revise la conducta desplegada por las autoridades penitenciarias del penal, a fin brindar el apoyo y facilidades necesarias para la realización de las funciones que corresponden a la CDH.
R:CB
