Diversos colectivos exigieron que para la Ley de Desaparecidos sean tomadas en cuenta las dos iniciativas que hay, pues la del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que ya fue turnada a comisiones, tiene omisiones como dejar fuera a las víctimas de las medidas de reparación.
A través de un pronunciamiento, firmado por más de 60 organizaciones, entre ellos el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana, señalaron que la propuesta que se apruebe debe contener los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.
Si bien celebraron que se haya retomado el proceso legislativo para dicho análisis, manifestaron que, aunque la iniciativa de Barbosa Huerta tiene elementos importantes que contribuyen a una buena armonización y a dotar de herramientas a la institucionalidad para hacerle frente a este problema, hay otras acciones que no se toman en cuenta.
Indicaron que al hacer una revisión de la que mandó el titular del poder Ejecutivo, detectaron que no incorpora en su glosario, y en algunos casos en el desarrollo mismo de la iniciativa, definiciones importantes como áreas de resguardo, búsqueda inmediata, fosa clandestina, fosa común y fosa individualizada.
Tampoco reconoce condiciones de preferencia sexual ni orden social, económico, histórico y cultural como parte del enfoque diferencial y especializado que presenta como principio orientador, además de que debilita al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
Lo anterior, porque no sujeta su actuación a los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, limita su integración y no incorpora a actores como la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.
Dijeron que otra faltante es que no obliga a las autoridades que lo integran a fortalecer la actuación del Consejo Estatal Ciudadano, a través de la entrega en tiempo y forma de la información que requiera; tampoco incorpora estándares internacionales de estructura, proceso y resultado para rendir cuentas, así como tampoco se garantiza que el personal que participe en acciones de búsqueda reciba la capacitación y certificación necesaria y adecuada.
No establece un proceso abierto
Señalaron que pone en riesgo las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas, pues no establece un proceso abierto, transparente e inclusivo para la designación de su titular, con el acompañamiento de las familias y otros actores sociales.
Resaltaron que no se garantiza que la información que se genere quede sujeta a las reglas de acceso a la información y protección de datos personales, ni que se tenga una estructura necesaria para su funcionamiento, ni la participación de las familias en las acciones realizadas por los grupos de trabajo para las acciones de búsqueda y el análisis del fenómeno de desaparición.
Las organizaciones señalaron que con esa iniciativa se imita las capacidades del Consejo Estatal Ciudadano, pues reduce la participación de familiares y de especialistas en su integración y no da atribuciones para evaluar a la Comisión de Búsqueda de Personas y al Sistema Estatal en la materia, ni tampoco considera la creación de un Fondo Estatal de Desaparición.
Además, no reconoce derechos centrales de las víctimas directas como el de ser buscadas de forma independiente al delito de desaparición y presunción de vida, así como de las familias en tanto víctimas indirectas a saber, supervisar el quehacer estatal, participar en los planes de investigación y búsqueda, y recibir un trato digno.
A esto se suma que deja fuera de a las víctimas de las medidas de reparación integral, de restitución, rehabilitación y compensación.
Por lo anterior, exigieron a las comisiones unidades de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso local, que el análisis sea bajo el principio de concentración para que pueda rescatarse “las bondades de ambos proyectos” con la finalidad de garantizar que la ley que se apruebe contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.
Y es que este lunes durante la sesión de la Comisión Permanente fue turnada la iniciativa de Barbosa Huerta a ambas comisiones, donde también se tiene la propuesta presentada por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, desde el 15 de julio del año pasado.
