La Fundación Jenkins acusó que las órdenes de aprehensión giradas contra el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista, y otros miembros de la universidad son un mecanismo de presión por el gobierno de Puebla para evitar devolver el campus; denunció persecución política.
A través de un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins afirmó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta fabricó las órdenes de aprehensión “con el aparato que está a su disposición”, para desviar la evasión al cumplimiento de la devolución del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Y es que, recordó, hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse -que obliga a regresar las instalaciones “invadidas” desde el 29 de junio por la policía estatal- y por la que se denunciará a los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México que forman parte de una “red de complicidad”.
En ese sentido, acusó al juez 24 civil, Roberto Yáñez Quiroz, de ordenar la intervención y mostrar un comportamiento irregular para imponer a un patronato y un rector “espurios”.
Asimismo, acusó a los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN y compañero de Barbosa Huerta, así como por Rodrigo Gurza, apoderado legal de la Fudlap, y Guillermo Barradas, a quien señaló como vinculado a otros litigios irregulares, de violar la suspensión que le otorgó un juzgado federal.
Por ello, informó que presentará una queja formal ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que se investigue su proceder, vínculos y complicidades, la cual será un “elemento importante” en la revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo.
Finalmente, afirmó que desde 2018, los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados fueron exonerados por la hoy Fiscalía General de la República (FGR) de diversas acusaciones.
