En México, las “sociedades de autoabasto”, que suman 239, venden hasta el 43 por ciento de la energía que generan y tienen privilegio de despacho, pero sin pagar el costo por uso de la red eléctrica, por lo que la reforma eléctrica busca terminar con estas “simulaciones”.
Así lo señaló este viernes el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, en conferencia de prensa, donde acusó que dichas asociaciones funcionan ilegalmente porque facturan y cobran a sus “socios” como clientes, sin invertir en transporte ni transmisión.
“Y como no pagan por el uso de la red eléctrica, pero además son despachados con todos los privilegios, los grandes consumidores se están mudando a esas simulaciones”, advirtió.
Puso como ejemplos “todos los bancos, Walmart, Sam’s, Chedraui, Sorianas, los Oxxos, Seven Eleven, Círculos K, grandes mineras, grandes corporativos, Telmex, Telcel, AT&T, a los cual responsabilizó de perjudicar a la CFE y al Estado mexicano.
En cuanto a los Productores Independientes de Energía (PIE), señaló que venden electricidad cara a la CFE y, aunque esta no reciba el 100 por ciento, tiene que pagar completo, lo cual les permite a los privados comerciar con los excedentes.
Por lo anterior, sostuvo que, a partir de la reforma energética de 2013, con las sociedades de autoabasto y los PIE se impuso un “sistema oligárquico” en el que “los ricos pagan menos y las mayorías pagan más”, además de que “se apoderan de las redes, no invierten nada y tienen una tras otra ventaja contra CFE.
Con reforma, Estado busca rectoría, pero acepta IP
En este sentido, el también exgobernador de Puebla sostuvo que, con la reforma eléctrica, el Estado busca recuperar la rectoría del Estado en el sector de generación de energía, con lo cual el funcionamiento del sistema eléctrico quedará garantizado conforme al interés público.
Y es que aseveró que, de dejar el sistema eléctrico en manos de la iniciativa privada, está sólo buscará aumentar sus ganancias incluso en detrimento del público en general.
Afirmó que se resperá y aceptará la inversión privada, que conservará el 46 por ciento del mercado eléctrico en México, parte que es más grande que todo el de Argentina.
No obstante, aclaró que todos los contratos y permisos otorgados bajo la reforma energética de 2013 serán cancelados porque “se dieron bajo supuestos imposibles de aplicar”.
“La Constitución permite hacerlo. Estamos invitando al sector privado a que se sume bajo nuevas reglas, propositivas”, instó.
