La iniciativa constitucional de reforma eléctrica propone que la CFE sea un organismo autónomo, que el Estado asuma la transición energética, una colaboración “honesta y de buena fe” con el sector privado, así como no otorgar concesiones sobre el litio.
El texto enviado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso, postula suprimir el párrafo quinto del artículo 25 de la Carta Magna, que establece como “empresa productiva del estado” a la CFE, para que sea un organismo independiente en su función y administración.
Asimismo, agrega un nuevo párrafo séptimo, en el que establece que será el estado el que preservará la autosuficiencia, seguridad y abastecimiento del sistema eléctrico.
Para lo anterior la empresa pública manejaría el 54 por ciento del mercado (actualmente es del 38 por ciento) y las generadoras privadas el resto, obteniendo las concesiones con base en “mecanismos de competencia”, con el fin de que se dé una “colaboración honesta y de buena fe, al servicio de la nación”, entre gobierno y firmas.
En tanto, incorpora al párrafo sexto del artículo 27, que el litio y minerales estratégicos no podrán ser concesionados y otorga facultades al gobierno para establecer reservas sobre las que el dominio es inalienable e imprescriptible.
Estado asumirá transición energética
Adiciona un párrafo en el que señala que será el Estado el que asumirá la transición energética utilizando todas las energías disponibles y luego reduciendo paulatinamente las emisiones de gas y de componentes de efecto invernadero.
La propuesta plantea una modificación al párrafo cuarto del artículo 28, para señalar que las funciones que el gobierno ejerza en áreas estratégicas, así como su rectoría en las prioritarias, no serán tomadas en cuenta como “monopolios”, entre esas acciones estaría la explotación exclusiva del litio.
Adiciona un párrafo sexto, para contemplar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Añade un párrafo séptimo en el que se indica que la empresa pública deberá contar con al menos el 54 por ciento de la energía que requiera el país y será responsable del servicio público.
Finalmente, se elimina el párrafo octavo, en el que se señala que el ejecutivo cuenta con las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH), las cuales desaparecerán.
