La resolución de la SCJN que declaró inconstitucional penalizar el aborto obliga al Congreso de Puebla a reformar el Código Penal, además, los juzgadores ya no podrán emitir alguna sentencia contra quienes lo hagan, que en el estado se castiga hasta con un año de cárcel.
En entrevista con Ángulo 7, la diputada priista, Roció García Olmedo, aún presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que el fallo del máximo tribunal judicial del país sentó precedente, por lo que ahora ya no se podrán penalizar a quienes recurran a esta práctica.
“Ahora hay que llevarlo a cabo, pero hay que hacer el proceso legislativo, lo que sí es importante es que con este criterio los juzgadores o juzgadoras tienen la obligación de aplicarlo para los casos en los que alguien quiera criminalizar a las mujeres, ya no pueden hacerlo”, asentó.
Sin embargo, señaló que no hay una fecha establecida para que se haga, por lo que se tiene que impulsar que los próximos legisladores, los cuales rendirán protesta el 15 de septiembre, “tengan más sensibilidad y voluntad política” para hacer las modificaciones.
Recordó que hay una iniciativa que ella presentó desde abril, producto del parlamento abierto que se realizó en la materia, luego de la presión que hubo de grupos feministas que tomaron el Congreso local en noviembre pasado, aunque no próspero y se quedó estancada.
Por ello, García Olmedo confió en que los diputados, que igual serán en su mayoría de Morena y partidos aliados, lo harán para “dejar historia” y no como los actuales que, a pesar de que llegaron con esa bandera tras la elección de 2018, no lo cumplieron.
Dijo que independientemente de esto, una vez que se designen todas las comisiones en el Congreso local, buscará a quien sea la presidenta de la de Igualdad de Género para que retome la iniciativa pendiente o en su caso, se presente una nueva, pues el fin es que se deje de criminalizar a la mujer.
En Puebla, la pena es de hasta un año
Actualmente, en Puebla, la interrupción del embarazo se castiga con una pena corporal en cárcel de seis meses a un año a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 342 del Código Penal.
Aunque aumenta de uno a 3 años cuando se hace con o sin consentimiento de la mujer y si esta práctica la hace un médico, cirujano o partera, éste será suspendido de su cargo por un periodo de 2 a 5 años y si es contra la voluntad de la madre, los responsables tendrán una pena de 3 a 6 años, pero si ocurre con violencia será de 6 a 8 años.
No obstante, en el artículo 343 se establecen tres causales para poder practicar el aborto sin que sea criminalizado que son por imprudencia de la mujer embarazada, cuando sea producto de una violación, ante un peligro de muerte o cuando el feto presente alguna deformación, siempre y cuando así lo determinen médicos.
Es necesario mencionar que, el 7 de septiembre, de manera histórica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de aborto tipificado en el Código Penal de Coahuila, con lo cual sentó jurisprudencia que ordena a los jueces del país privilegiar el derecho a decidir.
Esto, luego de que la sesión que inició el lunes y concluyó el martes, diez ministros votaron a favor del proyecto que presentó su homólogo Luis María Aguilar Mora, quien propuso invalidar los artículos 195 y 196 de dicho código.
