Ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional el “delito de aborto” en Coahuila y reconocer el derecho de las personas gestantes a decidir, lo cual fijaría jurisprudencia
Lo anterior, este lunes en sesión del pleno, donde inició la discusión para resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017 interpuesta por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra los artículos 195 y 196 Código Penal de Coahuila.
El ordenamiento impugnado establece que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” (artículo 195), y que “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella” (Artículo 196).
De acuerdo con el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales, es inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y al personal sanitario que la asiste con consentimiento.
Hasta este 6 de septiembre, 8 de los 11 ministros del Pleno de la Suprema Corte se han pronunciado por declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila.
Los ministros que faltan por emitir su pronunciamiento son Margarita Ríos-Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco.
De aprobarse la declaratoria de inconstitucionalidad, lo cual se prevé para mañana, martes, la SCJN emitiría jurisprudencia para reconocer el derecho de la mujer y personas gestantes a decidir, de tal manera que los jueces de todo el país tendrían que fallar de todas las mujeres procesadas por el “delito de aborto”.
También revisarán “vida desde la concepción”
La SCJN también revisará la reforma a la Constitución de Sinaloa, que considera que “la vida comienza en la concepción”, plantea declararla inconstitucional al referir que la “concepción” no es un término jurídico. Cabe recalcar que este tipo de ideas van en contra de los derechos humanos y el reconocimiento al derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
“Califica el actuar de la mujer como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto contribuye negativamente al pleno despliegue del derecho a elegir”, dijo el ministro ponente, Luis María Aguilar.
Cabe recalcar que México ha firmado acuerdos internacionales y ha recibido recomendaciones al respecto, como la recomendación general 35 de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), lo que obliga al país a dar un paso adelante en esta materia.
“Desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo”, sostuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea durante su intervención; incluso propuso que se invalide todo el capítulo del código penal de Coahuila sobre aborto, pues parte de la base que en todos los casos la interrupción del embarazo es un delito.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena planteó que la SCJN no debe dejar ambiguo el plazo legal para la interrupción legal del aborto con frases como “corto periodo”. Apuntó que en el caso mexicano podría establecerse en un periodo de 14 a 20 semanas de gestión por la situación de marginación o problemas para acceder a los servicios de salud.
“(el Estado) no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que sea posible”, puntualizó la ministra Norma Lucía Piña.
De igual forma, el SCJN revisará la adición del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud referente a la objeción de conciencia, con la que médicos y enfermeras podrían negar servicios de salud con base en sus creencias religiosas, morales o políticas, misma que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue promulgada.
Cabe señalar que en Puebla la despenalización del aborto quedó en la congeladora por la sesenta legislatura poblana, pues aunque recibió iniciativas para discutir la despenalización del aborto desde mayo de 2019, 2 años no le alcanzaron para atender esta demanda.
