El Poder Judicial no llevará los casos atrasados de demandas laborales, pues estos deberán desahogarse en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) hasta su terminación, ya que los nuevos tribunales que entrarán en funciones a partir de octubre empezarán de cero.
Así lo señaló, en entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, quien detalló que serán cuatro los tribunales los que se tendrán en la ciudad de Puebla y otros en el interior del estado, como en Tehuacán y Teziutlán.
“Iniciamos con carga cero, los juicios que actualmente se llevan en materia laboral continuarán en la Junta Local en su totalidad de terminación, a partir de esta fecha todas las controversias que se generen serán bajo el nuevo procedimiento”, asentó.
Dijo que por ello se tendrá que pasar primero por un centro de conciliación, el cual –dijo– será “muy dinámico”; en caso de que no se arreglen en esta instancia, ya será en los juzgados laborales donde se definirá el asunto, lo cual afirmó apoyará mucho la justicia para los trabajadores.
Recordó que por ello se abrió una convocatoria para el reclutamiento de personal, la cual actualmente se encuentra en la fase de curso de oposición, en el que están participando más de 150 personas y se están capacitado, tanto para jueces como para secretarios.
En octubre inician funciones
Comentó que entre los participantes se encuentran abogados como del Poder Judicial y de instituciones, tanto de Puebla como de otros estados, por lo que los finalistas serán sometidos a un examen ante un comité evaluador en el Centro de Estudios Judiciales.
Sánchez Sánchez sostuvo que debido a que apenas iniciarán funciones serán alrededor de diez personas que seleccionarán por cada uno, es decir 60 en total, que es la mitad de las que un juzgado tradicional tiene, que son entre 20 y 22.
Es necesario mencionar que para transitar a esta nueva etapa, en Puebla, los gobiernos federal y estatal destinarán 168 millones 595 mil pesos para poner en marcha los tribunales, esto con el objetivo de disminuir a seis meses el tiempo para resolver los juicios.
