Derivado del linchamiento de dos personas (hombre y mujer) en San Nicolás Buenos Aires, el pasado 25 de octubre, la CDH emitió una recomendación a la SSP y a la Comuna de dicho municipio en la que pide indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas.
Esto, de acuerdo con el expediente 4601/2020 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) tras la queja presentada por un familiar de una de las personas que perdieron la vida, así como por las notas periodísticas en las que se narraron los hechos ocurridos en la comunidad de Emilio Portes Gil, junta auxiliar de dicho municipio.
En el documento, la CDH hizo énfasis en que las víctimas fueron señaladas por los pobladores de intentar secuestrar a un menor, sin tener pruebas de ello, sin embargo, una multitud los rodeó, amarró a un poste y comenzaron a golpearlos hasta que privaron de la vida al hombre y dejando inconsciente a la fémina, quien horas después murió en un hospital.
Detalló que, si bien los hechos fueron reportados a las autoridades, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales omitieron adoptar medidas para prevenir los actos cometidos, originando con ello la violación a los derechos humanos
Lo anterior, porque al ser los primeros respondientes no actuaron conforme a sus atribuciones legales y normatividad aplicable, es decir, no entablaron la mediación de manera inmediata, afecto de restablecer el orden público y la paz social, sumado a que no dieron parte a la autoridad ministerial y no elaboraron los registros correspondientes, tales como el Informe policial homologado.
Esto, porque llegaron al lugar de los hechos con demora de tiempo, en donde los habitantes estaban armados con piedras y palos, ya que tenían retenidas a las víctimas y aunque hubo dialogo, éste resultó deficiente, pues los pobladores se negaron a entregarlos y solo permitieron que una ambulancia ingresara para que les dieran atención médica, momento en que se informó que el hombre ya había muerte y la mujer estaba grave.
“Durante este acto de violencia colectiva se observa la falta de intervención oportuna de la seguridad pública y las autoridades competentes, sin que se aplicaran los protocolos establecidos para evitar los linchamientos, ya que no se aprecia alguna acción para detener los hechos”, citó la comisión.
No salvaguardaron derechos humanos
Aunado a esto, el organismo autónomo resaltó que los servidores públicos son responsables de la observancia de los derechos humanos de toda persona bajo custodia, por lo que tiene la obligación de revenir situación que pudiera conducir la violación al derecho a la vida.
Asimismo, la CDH sostuvo que no se pronuncia respecto a la probable responsabilidad de los presuntos responsables, ya que carece de competencia para conocer de asuntos de índole jurisdiccional, además de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha logrado la vinculación a proceso de nueve personas por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.
Ante esto, emitió la recomendación 14/2021 en la que le pide al encargado de despacho de la SSP, Rogelio López Maya y el edil de San Nicolás Buenos Aires, Miguel Ángel Sánchez Serrano, otorgar a los familiares directos una compensación económica por las pérdidas materiales por los hechos, sufrimientos y aflicciones causadas, así como atención psicológica que restablezca su salud física y emocional de las secuelas provocadas.
Además de que tendrán que dar vista al Órgano Interno de Control de la SSP y a la Contraloría Municipal respectiva, para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos involucrados.
También deberán emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción al personal de la SSP y el ayuntamiento antes mencionado para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, y reciban capacitación en materia de respeto y protección de los derechos humanos.
Asimismo, le pidió a Ángel Sánchez Serrano que realice las gestiones administrativas y legales correspondientes a fin de dotar de seguridad pública al municipio y todas sus localidades, desde personal capacitado y acreditado, hasta el material y mobiliario indispensable para brindar dicho servicio.
