El OCNF acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de obstaculizar el derecho al acceso a la justicia a familiares de víctimas de feminicidio en la entidad, por lo que pidió al gobierno estatal sancionar a los funcionarios por dichas omisiones.
Así lo señaló el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a través de redes sociales, donde refirió que ha documentado diversas prácticas contra familiares y contra asesores jurídicos del observatorio, lo que además vulnera el derecho a defender los derechos humanos.
Recordó que, en abril, durante las diligencias de su equipo jurídico para el seguimiento a casos de feminicidio, la FGE intimidó al personal de dicho observatorio al amenazarlo con abrirle una carpeta de investigación, que atenta contra la labor de las y los defensores de los derechos humanos.
El OCNF afirmó que la violencia feminicida en Puebla “es de suma preocupación”, toda vez que, en el primer trimestre del año, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP), documentó el asesinato de 29 mujeres, de los cuales sólo 10 casos se investigan como feminicidio, mientras que se registraron 762 casos de violencia sexual. Respecto a la desaparición de personas, la FGE informó que en 2020 desaparecieron 758 mujeres, adolescentes y niñas en la entidad, detalló el observatorio.
Es necesario señalar que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana, contabilizó 17 presuntos feminicidios en el mismo periodo -siete más que el organismo federal-, de los que 11 fueron encontrados con tratos degradantes.
Dar prioridad a investigaciones por delitos de género
Por ello, exigió a la FGE atender de manera prioritaria las carpetas de investigación relacionadas con los delitos de género, garantizar el acceso a la justicia y evitar la revictimización de las víctimas, así como de sus familias, además de garantizar la protección y seguridad para el desarrollo de la labor de las y los asesores jurídicos de las víctimas, particularmente de integrantes del OCNF.
En ese sentido, responsabilizó al organismo autónomo de cualquier incidente de seguridad que ponga en riesgo a cualquiera de los integrantes del OCNF y las familias que acompaña.
También hizo un llamado Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal a que se mantenga atento de la situación que guarden las y los integrantes del OCNF, a fin de que puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
Mientras que al gobierno de Puebla le pidió sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión han vulnerado los derechos humanos y obstaculizan el acceso a la justicia, así como ubicar a la violencia contra las mujeres como una problemática que requiere atención urgente y permanente.
