El viernes 30 de abril, la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen la mayoría, votará el dictamen que plantea desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que enfrente cargos por delitos que le imputa la FGR.
En respuesta, gobernadores, legisladores y líderes del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita el mandatario tamaulipeco, acusaron a Morena de armar un proceso a modo para perseguir a su correligionario con fines políticos.
En la noche del miércoles, Ignacio Mier Velazco, diputado federal por Puebla y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, dio a conocer la aprobación del dictamen de desafuero por parte de la Sección Instructora, e indicó que se votará el viernes, que es el último día de sesiones ordinarias de la LXIV Legislatura.
De ser aprobado el proyecto, la Cámara baja declarará la procedencia de la acción penal contra García Cabeza de Vaca, como lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) el 23 de febrero pasado, por los delitos delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.
En consecuencia, la Fiscalía podrá solicitar a un juez federal una orden de aprehensión contra el gobernador panista, ejecutarla y solicitar que se dicte prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Esto último, debido al riesgo de que escape a Estados Unidos, donde es ciudadano, y por tratarse de delitos graves.
PAN acusa manipulación y juicio a modo
Desde que se hizo público el sentido del dictamen, la respuestas desde el PAN no se han hecho esperar. Este jueves, por ejemplo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó que se trata de otro caso “lamentable de justicia a modo”.
Remarcó el hecho de que la Sección Instructora, controlada por Morena, procedió con el desafuero contra García Cabeza de Vaca, pero desechó la solicitud para hacer lo propio contra el diputado federal morenista Cruz Pérez Cuéllar, que es acusado de presuntamente aceptar sobornos del exgobernador priista César Duarte Jáquez.
Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) publicó un breve pronunciamiento donde afirmó que, a su juicio, el procedimiento de desafuero “presenta vicios jurídicos y una clara manipulación de la ley”.
En este sentido, respaldó a su integrante ante “acusaciones que no se han probado” y sostuvieron que, en última instancia, el Congreso de Tamaulipas debe decidir si procede o no el desafuero.
En la noche previa, cuando se conoció el dictamen, los diputados PAN aseguraron que Morena utilizó su mayoría para integrar “a modo” la Comisión Instructora y pasar el dictamen sin considerarlos.
En su cuenta de Twitter, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, calificó el proceso como una “persecución política” de Morena contra la oposición.
Pedirían desaparición de poderes en Tamaulipas
Al contrario de cómo ha actuado en otras fases del proceso, Cabeza de Vaca no se ha pronunciado al respecto ni ha convocado a rueda de prensa. En este contexto, comenzó a correr la versión de que, tras conocer el dictamen, viajó a McAllen, Texas, con intención de pedir asilo político en Estados Unidos.
Ante este escenario, el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán consideró que el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN es mayoría, protegerá al gobernador ante un inminente desafuero, por lo que afirmó que solicitará al Senado la desaparición de poderes en el estado.
El caso contra Cabeza de Vaca
A finales de marzo pasado, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, notificó a García Cabeza de Vaca sobre la denuncia en su contra y el proceso de desafuero que había solicitado a la Cámara de Diputados.
El mandatario compareció el 22 de marzo, en calidad de indiciado, y negó ser responsable de los cargos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
El 19 de marzo, Santiago Nieto Catillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que García Cabeza de Vaca compró inmuebles en México y Estados Unidos, desde 2013, a través de dos empresas fantasma, las están inidentificadas como instrumentos del Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Entre las irregularidades, señaló que, en 2013, Cabeza de Vaca recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dichas empresas.
El 22 de abril, la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), amplió la denuncia contra el gobernador ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la FGR.
Desde el inicio de proceso, García Cabeza de Vaca ha acusado una “embestida política” desde Palacio Nacional. Incluso organizó un mitin en plena pandemia, con cientos de funcionarios estatales acarreados, para respaldarlo.
LPR
