Los tribunales laborales, que entrarán en funciones a partir de octubre en Puebla, tendrán que poner en marcha programas de formación y capacitación para brindar atención y asesoría de protección de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad.
Lo anterior, de acuerdo con la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el pasado 4 de marzo, al Congreso local para hacer modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como parte de la reforma laboral que se implementó a nivel nacional y que, en su segunda etapa, contempla a la entidad poblana.
En el documento se estableció que con esto se busca tener un sistema de justicia en materia del trabajo, por lo que desaparecerá la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para que las resoluciones de controversias laborales queden a cargo del Poder Judicial.
Para ello, en la reforma, se planteó agregar capitulo único siendo el Título Décimo Primero denominado “De los Tribunales Laborales” con los artículos 246, 247, 248, 249, 250 y 251 de dicha ley orgánica.
Con esto, se estipula que los jueces laborales tendrán fe pública en el ejercicio de su función, deberán conocer los conflictos individuales y colectivos conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, así como las obligaciones y facultades que dicha normativa marca.
El personal deberá estar integrado por un juez, secretarios y los servidores públicos que determine el Consejo de la Judicatura, por lo que el Poder Judicial tendrá que destinar los recursos que sean necesarios para la creación, operación e inicio de funciones.
Asimismo, se hace referencia que hasta que empiecen a operar, que será en la misma fecha que el Centro de Conciliación Laboral y Registro del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje continuará con las funciones atendiendo los asuntos que reciba.
Una vez que entren en operación los procedimientos y los juicios se resolverán en estas instancias y que se encuentren en trámite ante la junta serán concluidos por ésta, además de que tendrá que ajustarse al cierre y conclusión de labores en forma paulatina y gradual.
Convocatorias para personal deben ser abiertas
El documento hace énfasis en que las convocatorias a concurso para la selección de personal de los Tribunales Laborales serán de carácter abierto y deben garantizar el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal que estaba en las juntas de conciliación.
Otra de las reformas que se hace es al artículo 42, en el que se plantea que en cada distrito o región judicial podrán crearse el número de tribunales o juzgados de primera instancia, que el Consejo de la Judicatura determine, los que tendrán competencia para conocer de los asuntos laborales, civiles, mercantiles, penales, de lo familiar, de justicia para adolescentes, y demás materias en que ejerzan su jurisdicción.
Mientras que, en el artículo 50, se determinó que como facultades podrán proponer al Consejo de la Judicatura, para su nombramiento, al personal de sus respectivos juzgados y tribunales laborales.
Es necesario mencionar que el pasado 24 de febrero se anunció que el gobierno estatal y federal destinarán 168 millones 595 mil pesos para poner en marcha el Tribunal Laboral, que entrará en funciones a partir del primero de octubre de este año, con el objetivo de disminuir a seis meses el tiempo para resolver los juicios.
