La ley impide abrir el expediente que la FGR presentó ante la Cámara de Diputados para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió el diputado federal Pablo Gómez Álvarez a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior manifestó este miércoles el legislador morenista, quien es presidente de la Sección Instructora, encargada de elaborar el dictamen para declarar o no la procedencia del proceso de desafuero contra el mandatario panista, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude.
En reunión con la prensa en San Lázaro, fue enfático en la respuesta negativa a la propuesta presidencial, pues señaló que sería ilegal y la violentaría los derechos de las personas mencionadas en el expediente.
“No es posible, no lo permite la ley. Las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo, la ley dice que no. También está dentro de la Ley de transparencia, está la excepción expresa”, sostuvo.
Añadió que la Sección Instructora tiene el mandato de “custodiar” la información proporcionada por la fiscalía, por lo que sólo esta puede difundirla si lo considera conveniente.
“Si el fiscal general de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él. En eso nosotros no nos metemos, ni es nuestra responsabilidad”, señaló.
No ve intento de blindaje en Congreso de Tamaulipas
En cuanto al acuerdo aprobado ayer por el Congreso de Tamaulipas, el cual establece que este poder estatal revisará y, en su caso, avalará la declaratoria de procedencia contra García Cabeza de Vaca, el diputado federal no ve un intento de “blindaje”.
“Cuando se trata de un servidor que tienen inmunidad procesal federal, una vez que la Cámara (de Diputados) resuelve el asunto, siempre que declare la procedencia, tiene que enviar al Congreso local (…) pueden consultarlo en el artículo 111 de la Constitución (federal)”, expuso.
Asimismo, dijo que no ve inconveniente para que la Cámara de Diputados resuelva la solicitud de declaratoria de procedencia antes de que acabe el período legislativo.