El empresario Kamel Nacif Borge, acusado de tortura contra Lydia Cacho Ribeiro, fue detenido en Líbano desde el 12 de octubre de 2020 y quedó en libertad bajo fianza; sin embargo, la periodista conoció esta información hasta el 16 de febrero pasado.
Así lo dio a conocer este lunes la organización Artículo 19 y remarcó que la también escritora, así como su equipo legal, sólo se enteró de la detención de Nacif Borge en el marco de la captura del exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, su presunto cómplice.
La omisión de informar oportunamente a Cacho Ribeiro –acusó– pone en peligro su derecho al acceso a la justicia y su seguridad, así como la de personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia.
Asimismo, señala que “redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, reclamó la organización en comunicado.
De acuerdo con Artículo 19, la preocupación de la víctima es que, al estar detenido el empresario en Líbano, ella no tenga los derechos mínimos de garantía de audiencia y el derecho a la defensa.
Tras la detención de Mario Marín, el 3 de febrero, Cacho Ribeiro insistió en que aún faltaba por detener el exjefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, y Nacif Borge, implicados en la tortura que sufrió al ser trasladada de Cancún a Puebla en 2005.
Desconcertante, falta de atención de FGR y SRE
También calificó como “desconcertante” la falta de coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República para dar a conocer a la periodista información importante en el caso.
Consideró que esta actuación podría implicar un obstáculo en el acceso a la justicia de Lydia Cacho, ya que la fiscalía sí fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año.
Sin certidumbre sobre extradición
Artículo 19 destacó que, a la fecha, “no hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de SRE.
“Se nos ha informado que se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”, detalló.
En este sentido, Lydia Cacho y Artículo 19 solicitan los siguiente a los gobiernos mexicano y libanés, así como a la FGR:
A la Secretaría de Relaciones Exteriores:
Que impulse el proceso penal ante autoridades libanesas para que se garantice un proceso imparcial en que se respeten los derechos de la víctima.
Que facilite la información necesaria a la Feadle y a la vez a la víctima y a su representación para tomar parte en el proceso y coadyuvar para garantizar el acceso a la justicia de la periodista.
A la Fiscalía General de la República:
Que de acuerdo con los derechos consagrados en la Ley General de Víctimas, se notifique directamente o a través de sus representantes, a la periodista Lydia Cacho, de todo hecho relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia.
Que evite la revictimización de la periodista, así como la obstaculización a la coadyuvancia durante el proceso contra las personas presuntamente responsables, en territorio nacional o extranjero.
A la Secretaría de Gobernación:
Que considere los presentes hechos como elementos de análisis en la falta de cumplimiento del Plan Integral del Daño, instaurado a partir del Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, número 2767/2016, del año 2018.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Que considere los presentes hechos como omisiones en las medidas cautelares MC 192/2009 ordenadas al Estado mexicano, como consecuencia del estado de riesgo en que vive la periodista.
Al gobierno de El Líbano:
Que se garantice el debido proceso para la víctima y se generen las condiciones propicias para que Lydia Cacho, sus representantes y el gobierno mexicano abonen a la acusación ante los tribunales nacionales.
Se valore continuar con el proceso de extradición a México dado que también cuenta con ciudadanía mexicana
Dado que es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se cumplan con las disposiciones del instrumento internacional y se tome en cuenta la gravedad de la conducta imputada a Kamel Nacif con base en la interpretación más protectora de los derechos de Lydia Cacho
