Los sindicatos y los ayuntamientos con población menor a 70 mil habitantes en Puebla fueron los sujetos obligados que menos cumplieron en sus obligaciones de transparencia en 2020, pues tuvieron una calificación de 44 y 35.8 por ciento, respectivamente.
Así lo dio a conocer, ante diputados de la Comisión y Transparencia y Acceso a la Información, el presidente del Itaipue, Francisco Javier García Blanco, al presentar su informe al frente del instituto, en donde señaló que hubo 540 denuncias contra sujetos obligados.
Detalló que si bien para catalogar que hubo cumplimiento los sujetos obligados deben tener el 100 por ciento de calificación, los demás grupos en que están divididos tuvieron una puntuación del 80 por ciento para arriba, siendo solo el Poder Judicial el único que reportó la totalidad, es decir, 100.
El comisionado manifestó que debido a que los municipios con pocos habitantes son por lo regular los más alejados, lo que hace que sean los que menos capacidad tengan para solventar sus obligaciones de transparencia y esto genera que sean contra los que más recursos se reciben.
Por ello, dijo que a nivel nacional se trabaja en una estrategia para apoyar al cumplimiento de sus obligaciones en la difusión y actualización de sus sitios web, pues son ayuntamientos que presentan problemas de conectividad a internet y carecen de herramientas digitales para hacerlo.
En este tenor, precisó que, durante 2020, al ser un año complicado por la pandemia del Covid-19 tuvo que detenerse la recepción de quejas, por lo que hubo 436 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública, lo que es 54 por ciento menos respecto a los 946 de 2019, es decir una diferencia de 510.
Covid no permitió resolver todas las denuncias
En el caso de las denuncias contra sujetos obligados, indicó que de las 540 que se registraron el año pasado, apenas 190 han sido resueltas, que son el 35 por ciento, de las cuales 87 fueron fundadas, 81 infundadas, 19 sobreseídas y tres desechadas, aunque no precisó contra quien son.
Justificó que hay 350 en trámite, que corresponde al 65 por ciento, y si no se ha concluido con sus procedimientos es porque la emergencia de salud no permitió que se recibieran los informes por parte de los sujetos obligados, esto al ser cuestionado por la diputada del PRD, Liliana Luna Aguirre.
“Al estar suspendidos no podemos continuar porque es fundamental contar el informe que nos deben rendir, ya que así lo marca el procedimiento establecido en la ley cuando se tiene una denuncia, nosotros recibimos todas las que haya, pero las tenemos que revisar y desahogar todo el proceso”, asentó.
Por otra parte, García Blanco mencionó que durante el año pasado se recibieron 5 mil 859 solicitudes de información, de las cuales 4 mil 716 fueron resueltas al 100 por ciento, es decir, que se otorgó lo solicitado, esto equivale al 80.5 por ciento.
Mientras de que las otras mil 143, que es el 19.6 por ciento, 715 fueron reorientadas, en 214 se entregó información de forma parcial, 102 resultaron improcedentes, 21 fueron negadas por información clasifica, 19 las declararon inexistentes, 14 fueron turnadas y 58 tuvieron otros trámites.
