La comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local avaló la iniciativa del Ejecutivo estatal sobre imponer hasta 15 años de prisión a quien venda supuestas vacunas contra el Covid-19, falsificadas, adulteradas, o que no estén autorizadas por la Cofepris.
Lo anterior, en sesión virtual de este viernes, con cinco votos a favor, donde los diputados aprobaron la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual también impone multas de hasta 134 mil 400 pesos.
De acuerdo con la reforma a las fracciones III y IV del artículo 403, XXI a XXIV del artículo 404 y la adición de la fracción V, del artículo 403, así como la fracción XXV del artículo 404, quien defraude por un monto de más de 44 mil 810 pesos con la comercialización de supuestas vacunas contra el Covid-19, tendrá hasta siete años de prisión y deberá pagar el monto mencionado.
Por su parte, quien defraude por hasta 89 mil 620, deberá cumplir una pena de hasta diez años y una multa del mismo monto.
Mayor pena si defraudador es profesional de la salud
Sin embargo, si el defraudador pertenece es un profesional de la salud, se le suspenderá su cédula profesional y licencia comercial por diez años para el derecho de ejercer su profesión y comercio, además de que las penas se incrementarán hasta una mitad.
En la discusión las diputadas Mónica Lara Chávez y Olga Lucía Romero Garci-Crespo celebraron la iniciativa, mientras que Marcelo García Almaguer pidió que esta fuera más allá, es decir, no solo sobre el Covid-19, sino a cualquier otra enfermedad grave, en el contexto de pandemia o epidemia.
Por su parte, la priista Rocío García Olmedo pidió que los datos sobre muertes y contagios en la entidad se actualizaran a este 2 de febrero, al tiempo de señalar que la iniciativa sería inconstitucional debido a que la jurisdicción de ésta sería de orden federal, toda vez que los delitos contra la salud están regulados en la Ley Federal de Salud, como lo establece la Constitución.
Sin embargo, dicho señalamiento fue refutado al afirmar que la iniciativa versa sobre productos fraudulentos, ya que se busca evitar que se afecte el patrimonio de las personas, por lo que no compete a los delitos contra la salud.
Fue el pasado 27 de enero cuando Barbosa Huerta anunció que presentaría ante el Congreso de Puebla una iniciativa para evitar que las personas abusen de otras aprovechando la contingencia por el Covid-19.
