Ante un delito de violencia familiar en el estado de Puebla, los agentes del Ministerio Público deberán asegurarse de la integridad física y mental de la víctima, así como la reeducación de agresor, avaló el Congreso local a propuesta de la diputada Mónica Lara Chávez.
El pleno dio luz verde a la iniciativa cuyo objeto es que en la violencia familiar proceda el restablecimiento indemnatos, teniendo como base el pago de la reparación del daño, tratamiento psicoterapéutico, psicológico o psiquiátrico, así como talleres reeducativos y evitar que se sigan repitiendo conductas violentas.
La legisladora recalcó que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que durante el año pasado hubo 9 mil 125 denuncias por violencia al interior de los hogares, contra las 9 mil 77 de 2019, lo que reflejó un aumento del 0.53 por ciento.
Si bien es cierto, el delito de violencia familiar se persigue de oficio, esto no ha sido suficiente para garantizar una vida libre de violencia, por lo que sumado a una investigación de los hechos, también se tienen que optar por otro tipo de mecanismo o soluciones anticipadas y el restablecimiento indemnatos en el delito de violencia familiar contribuirá a tal efecto.
Resaltó que lo que principalmente la motivó a presentar esta reforma fue que, en su experiencia personal y profesional en el acompañamiento que le ha dado a mujeres en situación de violencia familiar, una gran cantidad de ocasiones las carpetas solo se archivan, se quedan en el olvido, y con ello se queda la esperanza de una real impartición de justicia para estas mujeres y sus hijas e hijos que también son víctimas.
Su propuesta, mencionó, busca que se asegure el restablecimiento indemnatos se aplique desde el momento del conocimiento de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, de forma anterior al ejercicio de la acción penal.
Además, será necesario que el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, emita, en un plazo no mayor a 90 días, lineamientos a los que se sujeten las y los agentes del Ministerio Público que conozcan de hechos posiblemente constitutivos de violencia familiar.
