Ante cualquier delito de violencia familiar, los Ministerios Públicos deberán garantizar la integridad física y mental de la persona agraviada, así como obligar al agresor a integrarse a un taller de reeducación para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de conductas.
Lo anterior fue aprobado durante la sesión de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género, en las que se reformó el artículo 284 Quater del Código Penal de Puebla, a propuesta de la diputada Mónica Lara Chávez.
Durante la exposición del dictamen, el área jurídica del Congreso local detalló que si bien el delito de violencia familiar se persigue de oficio en el estado, con esta modificación se podrá dar un “restablecimiento indemnato”.
Esto significa que se podrá dar la restauración inmediata del bien de forma satisfactoria al Ministerio Público y proporcional al daño causado, con lo que se extingue la acción penal o termina la prosecución procesal por voluntad de las partes.
En su intervención, Lara Chávez expuso que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de enero a noviembre de 2020 se iniciaron 8 mil 397 carpetas por este delito, contra 8 mil 349 en el mismo periodo, pero del 2019, es decir, .5 por ciento más, que son 48.
La legisladora comentó que la ley establece que para que se integre una denuncia por estos hechos tiene que haber dos cosas importantes, la afectaciones a la integridad física y psicológica comprobada ante un médico legista, pero en muchos de los casos la víctima cuando acude ya no tiene los golpes.
Además, en muchos de los casos, las mujeres “ya normalizaron la violencia”, aunque ello no quiere decir ya no estén en riesgo, pues sigue presente y en ocasiones puede terminar en un feminicidio.
Se dará protección a las mujeres: García
Por su parte, la diputada priista, Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, manifestó que con esta reforma se permitirá dar garantía y protección a los derechos de las mujeres, ya que el agresor estará obligado a reclutarse a un taller de reeducación para que deje de hacerlo.
También, tendrá que cumplir con la reparación inmediata del daño a la víctima tanto en lo material como en lo psicológico, acudir a terapias con el propósito de evitar la violencia como forma de vida, concluyendo con un perdón condicionado.
Y es que, resaltó, los Ministerios Públicos se ven imposibilitados a implementar otros mecanismos de protección a las víctimas, lo que ha facilitado que queden desamparadas, ya que es habitual que los dictámenes psicológicos no demuestran todas las afecciones que sufren.
Tras esto, la reforma fue aprobada y turnada al pleno del Congreso local para su aval por parte de los demás diputados.
