Pese a los llamados de la comunidad y el INPI, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCIN) no dio la razón a indígenas masahueles, de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera de 1992, luego de que acusaron que no fueron consultados para la explotación de sus tierras.
En sesión remota de la Segunda Sala, se aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, por el cual se resolvió que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege” a los demandantes contra la referida legislación.
Resolvieron que dicha ley no es inconstitucional porque en la misma no se prevé una consulta a los pueblos, además de que la obligación ya está establecida en la Constitución, así como en tratados internacionales, por lo que no sería “necesario” que cada ley lo tenga tipificado.
Los masehuales pidieron declarar inconstitucionales los artículos 6, primer párrafo, 7, fracción VI, 10, primer párrafo, 13, párrafos primero y tercero, 13 bis, 15 y 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, de la Ley Minera.
Apenas el pasado martes, los indígenas de la Sierra Norte Poblana y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) denunciaron que esta sentencia exime a las empresas de realizar una consulta con las comunidades para la explotación de tierras, no obstante, se aprobó.
Los masehuales acudieron al máximo tribunal pues denunciaron que dicha ley permite la concesión a empresas mineras, que no respetan sus derechos de territorio y los ignora al explotar el suelo.
Desde 2018, la comunidad ha recurrido por la vía legal un proyecto minero de exploración en la zona de Cuetzalan, cuando consiguieron una suspensión a tres conseciones otorgadas a empresas, siendo que no es el único municipio donde se presenta está situación.
