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viernes, enero 22, 2021

Esparza aún se niega a que BUAP haga pública su declaración patrimonial

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Esparza aún se niega a que BUAP haga pública su declaración patrimonial . Foto: José Castañares / EsImagen

Tras seis años de gestión, en los que destacaron señalamientos de irregularidades en el manejo de recursos, Alfonso Esparza Ortiz se perfila a dejar este 2021 la rectoría de la BUAP sin transparentar su patrimonio, pues se niega a hacer pública su declaración como sujeto obligado.

El rector se ha escudado en la Ley de Protección de Datos para no dar a conocer sus propiedades tras 23 años de percibir un salario del erario, al no dar autorización para que la Contraloría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) exhiba dicha información

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Esparza Ortiz ha presentado actualizaciones a su declaración durante los últimos tres años de su gestión, como lo obliga la ley, no obstante, no hay ninguna versión para su consulta.

El funcionario alude a que su exposición puede causar “daño o perjuicio” al titular, según el artículo 47 de la referida legislación, no obstante, el rector también ignora que podría emitir una versión pública de su declaración, en la cual puede excluir diversos rubros, lo cual ampararían leyes federales.

Lo anterior contrasta con el discurso de Esparza Ortiz, quien ha declarado en múltiples ocasiones que su gestión en la BUAP aplica la “transparencia” en el ejercicio y administración de recursos, por lo que destaca que el contador evada sus obligaciones al no exponer su patrimonio.

Datos de la PNT arrojan que, desde 2018, el rector percibe un sueldo neto mensual de 62 mil 410 pesos, mientras que este medio constató que posee dos lotes de más de 280 metros cuadrados y una vivienda, en la zona de Ciudad Universitaria.

Actualmente, cuenta con tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos cometidos durante su administración; las querellas fueron presentadas en octubre de 2020 por la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano fiscalizador que la BUAP busca evadir desde 2018, al insistir en contratar auditores privados.

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