Pese a que Puebla fue de los estados que menos tardaron en instalar su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) –el noveno menos lento—, sí fue una de las entidades que omitió entregar información sobre su número de empleados, de reuniones y recomendaciones realizadas.
Lo anterior, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y su investigación “Carrera de tortugas: Los sistemas estatales anticorrupción”, que señaló que a tres años desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el avance en los estados ha sido lento y, que muchas veces ha enfrentado resistencias o desdén por parte de las autoridades.
En el caso del SEA de Puebla, MCCI señaló que no reportó el número de sus empleados y de reuniones, tampoco entregó datos sobre las recomendaciones que derivaron en el señalamiento de un hecho de corrupción, la cual sería una de las principales facultades de su Comité Coordinador.
La reforma a la Constitución Política que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción fue publicada en mayo de 2015, mientras que el Congreso local poblano tardó un año para modificar su constitución estatal, pese a esta demora, la investigación indicó que sobresalieron los casos de Puebla y Chiapas porque ese mismo 2016 aprobaron los cambios a sus leyes.
Entre 2016 y 2017, Puebla inició la instalación de Participación Ciudadana y el establecimiento de su Comité Coordinador.
Veracruz, el más lento en crear su SEA
Las entidades que más rápido modificaron sus leyes para crear sus sistemas locales fueron Oaxaca, seguida de Morelos y Michoacán, pues el cambio lo realizaron en 2015; por el contrario, Veracruz fue la más lenta al sumarse hasta octubre de 2017, 29 meses después de que se publicara la reforma nacional.
Según MCCI, para poner en marcha un SEA era necesario reformar la Constitución local, crear o modificar un total de siete leyes estatales, nombrar una Comisión de Selección, un Comité de Participación Ciudadana (CPC), un secretario técnico, un fiscal especializado en combate a la corrupción y magistrados de un tribunal de justicia administrativa con nuevas facultades; en estos temas Puebla ha cumplido.
La investigación señaló que Puebla es una de las siete entidades donde su fiscal anticorrupción se da por designación directa, es decir por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), como también ocurre en Aguascalientes, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Añadió que la ley general de Puebla en anticorrupción se aleja en ocho puntos (de 30) a la ley nacional, mientras que la que más difiere fue la de Nuevo León (18), Durango (16) y San Luis Potosí (15).
Finalmente, la entidad poblana registró el cuarto mayor presupuesto asignado a su Sistema Estatal Anticorrupción con 27.8 millones de pesos para el ejercicio de 2020; lo superaron el Estado de México, con 93.6, seguido por Jalisco con 40.9 y Coahuila con 28.3.
