Extrabajadores del gobierno estatal, despedidos en el sexenio de Rafael Moreno Valle, acudieron a la CDH para que intervenga en la resolución de los laudos, pues han pasado hasta 7 años sin respuesta y, ante la contingencia del Covid-19, están desprotegidos por no tener seguro.
El 23 de marzo, ingresaron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) el documento firmado por Marco Antonio Manzano Ramírez, representante de 150 exburócratas del grupo “En digna resistencia”, que llaman al gobernador Miguel Barbosa Huerta; al consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz así como al secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado a resolver el tema.
Recordó que del periodo de 2011 al 2015, los 150 extrabajadores que representa iniciaron procedimientos laborales en las Juntas de Conciliación y ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, sin que se haya resuelto.
La causa de la dilación, mencionó, es el tortuguismo de los tribunales mencionados y, porque los titulares de dependencias giraron instrucciones a las direcciones jurídicas de que se agoten los procedimientos, de lo contrario los funcionarios incurrirían en responsabilidades administrativas, derivado de la reforma que se hizo a la Ley de la Administración Pública en 2019.
Sin embargo, sostuvo Manzano Ramírez, “no se puede defender con legalidad la ilegalidad de la que fuimos objetos” al haber sido violentado el artículo 139 de la Constitución de Puebla, así como los 12, 39, 43 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que contempla la posibilidad de llegar a un convenio en cualquiera de las etapas procesales.
Esto último es factible porque, indicó en entrevista con Ángulo 7, Barbosa Huerta se comprometió a darles solución a las demandas de manera inmediata, sobre todo cuando se trató de un tema político, pues fueron cesados por instrucciones de Moreno Valle en medio de irregularidades.
60, dispuestos a la mediación
Recordó que Cuéllar Delgado, quien fue asesor moral de los exburócratas, sabe que hay dos vías: la jurídica y la mediática, optando por la segunda como más viable, pues la primera requiere años de litigio, como sucedió con 40 de ellos a finales de 2019 y principios de 2020.
Mencionó que de los 150 que representa, 60 desean que los laudos se resuelvan con “acuerdos de voluntades” a través de la mediación sustentada en la Ley del Trabajo, mientras que los otros 90 están dispuestos a agotar todas las vías (como lo requiere el gobierno) porque tienen manera de subsistir al tener el apoyo de sus hijos.
Sin embargo, 60 no tienen esas posibilidades y prueba de ello es que en el transcurso de los juicios han muerto extrabajadores sin recibir su jubilación pese a que cotizaron más de 15 años al servicio del estado.
Por ello, ante la CDH argumentaron que uno de los derechos vulnerados es el de la salud, pues los juicios sin avanzar han minado el acceso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep), cuando algunos tiene enfermedades crónico degenerativas.
Con la contingencia del Covid-19, muchos no pueden salir ahorita y no tienen recursos; agregó que, si bien sabe que no fue un problema surgido con Barbosa Huerta, “hay que resolver el tema de los despedidos del gobierno del estado, porque es un tema sensible, humano y de compromiso, compromiso que adquirió el gobernador, finalizó.